Cámaras de Comercio Binacionales: “Rechazo a decisiones de tribunales arbitrales son una amenaza al estado de derecho”

La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ACCB), expresó su preocupación ante los pronunciamientos de autoridades y organismos públicos que han cuestionado la validez de los contratos de concesión y las cláusulas contractuales de sometimiento a arbitraje.

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“La competencia de tribunales de arbitraje internacional está debidamente reconocida por la Constitución y por numerosos tratados internacionales suscritos en el país”, sostiene la referida asociación que representa a la mayoría de la inversión extranjera y nacional en el Perú.

“Consideramos que el rechazo unilateral a dicha competencia y a las decisiones de tribunales legalmente constituidos, representa una seria amenaza al estado de derecho, la libertad y seguridad de la contratación y la estabilidad jurídica”, agregó.

Las Cámaras de Comercio reiteró que la inversión privada es generadora de empleos, crecimiento económico, desarrollo social entre otros. “Reiteramos nuestro respaldo a la institucionalidad. Rechazamos enfáticamente cualquier acto de corrupción sea esta pública o privada que deberá ser tratada por las instancias jurídicas correspondientes”, sostiene la referida asociación.

El pronunciamiento se da días después de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exhortara a la empresa Rutas de Lima a entregarle al municipio el control de los peajes de Vías Nuevas de Lima el 29 de julio. El burgomaestre indicó que, en caso esto no ocurra, tiene “mecanismos legales” para poder tomarlos.

Rutas de Lima, por su parte, señaló que esta postura “es manifiestamente improcedente y desconocería el marco legal aplicable” debido a que el proceso de caducidad contractual quedó suspendido por ordenanza del tribunal arbitral internacional que actualmente viene analizando la controversia alrededor del proyecto.

Nueva demanda

Según Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), si la Municipalidad de Lima toma el control del proyecto a la fuerza, estaría contradiciendo la disposición del tribunal arbitral. Esto no tendría base jurídica y expondría al Perú a ser denunciado nuevamente en un arbitraje.

“El Estado se va a volver a involucrar en una demanda de arbitraje internacional. Probablemente se caduque el contrato vigente, lo que tendrá un costo económico y social que tendrán que pagar todos los peruanos, incluso los que están fuera de Lima, porque estas demandas van en contra del tesoro público”, señaló.

Asimismo, coincidió con la ACCB al indicar que esta situación perjudicaría el clima de inversión.

“Además del costo económico está el costo sobre las expectativas y la credibilidad sobre el respeto a las reglas del juego. Es algo de lo que se viene conversando desde hace meses, pero romper contratos ya firmados [demuestra] falta de predictibilidad. Esto complica la recuperación de la inversión privada”, dijo.