Los trabajadores de Doe Run se asociaron con Samsel Group para adjudicarse la planta de La Oroya y la mina Cobriza por US$138 millones. (Foto: El Comercio)
Los trabajadores de Doe Run se asociaron con Samsel Group para adjudicarse la planta de La Oroya y la mina Cobriza por US$138 millones. (Foto: El Comercio)
Juan  Saldarriaga

Redactor de Dia1 y la sección Economía y Negocios de El Comercio.

juan.saldarriaga@comercio.com.pe

El caso de los 4.000 niños y adultos contaminados con plomo en versus la estadounidense Doe Run Resources (matriz de Perú ) se pone candente.

A fines del 2018 se supo que la Corte que ve la demanda de 1.200 oroínos en Missouri (EE.UU.) decidió que su jurisdicción, y no la peruana, era la pertinente para resolver el caso, una situación inédita en la minería del Perú.



Lo nuevo es que una segunda Corte, en donde se ventila el caso de los restantes 2.800 oroínos (también en Missouri), ha decidido lo mismo.
Así lo ha revelado a Día1, Edgardo Mercado, representante de los estudios de abogados liderados por el bufete neoyorkino Napoli Shkolnik, que ven esta última demanda.

“A mi modo de ver, es tan contundente lo que ambos jueces han resuelto, que es un buen indicio de que las cosas se van a apurar después de muchos años de lucha”, anota Mercado.

MATRIZ RESPONSABLE
Los demandados por los 4.000 oroínos son Doe Run Resources, que tiene su sede en Missouri; Renco Group, con oficinas en Nueva York; e Ira Rennert, multimillonario dueño de ambas.

¿Por qué la demanda se lleva a cabo en EE.UU. y no en Perú?
Según Mercado, porque la responsabilidad de no cumplir con el PAMA o de no implementar políticas para prevenir la en La Oroya corresponde a los altos ejecutivos de Doe Run en EE.UU., que fueron los que tomaron las decisiones y no sus funcionarios en el Perú.

“Lo que se está juzgando es la responsabilidad en la contaminación por plomo generada en la época que Doe Run operó la refinería (1997-2009)”, detalla. Hans Flury, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) ha advertido que la decisión tomada por la corte de Missouri viola la soberanía legal de nuestro país y crea un grave problema para los inversionistas extranjeros.

“El Perú no será un destino al que los inversionistas acudirán, ya que nunca tendrán la seguridad de a cuál autoridad responder o cuál es el ordenamiento legal a atenerse”, refiere.Recuerda que casos similares ocurrieron con Southern (1995) y Glencore (2016), pero que fueron desechados en su momento.

¿ESPADA DE DAMOCLES?
La decisión contra Doe Run en Missouri crea un precedente que alarma no solo a los mineros. Luis Castillo, representante de los trabajadores de Doe Run ante Indecopi, advierte que los juicios en Missouri son la principal amenaza que disuade a los potenciales compradores del complejo minero. 

Mercado descarta esta posibilidad, debido a que el futuro comprador (de haberlo) recibirá un activo que no emite polución desde hace 10 años, lo que quiere decir que el ‘daño continuado’ ha prescrito.
“Si el nuevo dueño vuelve a contaminar, entonces sí puede ser pasible de un juicio (como el de Missouri). Lo que se juzga ahora es el mal comportamiento de Doe Run. Los inversionistas serios no tienen de qué preocuparse”, asevera.