La censura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el anuncio del presidente Pedro Castillo de que en los próximos días habrá más cambios en el gabinete ministerial, es una oportunidad para que el Ejecutivo convoque a personas idóneas, con integridad, pero sobre todo con un perfil dialogante, sostuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
En tal sentido, la CCL señaló que, entre dichos cambios, el jefe del Estado debe considerar el relevo del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien lejos de constituir un elemento de conciliación y acercamiento, solo busca agudizar los conflictos y divisiones entre peruanos.
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En el caso del sector trabajo, el gremio empresarial opinó que el nuevo ministro o ministra debe tener como objetivo claro impulsar la recuperación del empleo y combatir la informalidad laboral, para lo cual se debe reconocer el importante papel del sector privado en la creación de nuevos puestos de trabajo.
A través de un pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Lima recordó la reciente promulgación de la Ley 31419, que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, entre los que figuran en primer lugar los ministros de Estado.
“En una crisis económica tan grave como la que vivimos, a partir del coronavirus y la crisis ruso-ucraniana, era previsible que se generaría incremento del desempleo y alza de precio de ‘commodities’ como los alimentos y combustibles, por lo que se necesitaba profesionales y técnicos preparados, con capacidad resolutiva para enfrentar la situación. No ha sido así y por eso el Perú es uno de los más afectados, lo que está perjudicando a millones de familias, especialmente las más vulnerables”, dijo la CCL.
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Además, criticó a la censurada ministra Chávez por haber ideologizado el manejo del sector Trabajo, donde privilegió sus intereses políticos a los del país. Cabe recordar que hace dos semanas, el gremio exhortaba al Congreso ejercer entre sus funciones el mecanismo de censura cuando exista fundamento para ello.
“Nuestro país no puede resistir más el descalabro de la administración pública en razón de la aparente decisión del presidente Castillo de repartir entre amigos, partidarios, allegados y hasta financistas de su campaña los ministerios y principales responsabilidades del Estado. Gobernar un país no es iniciar una repartija, sino administrar los recursos con eficiencia, responsabilidad y compromiso con todos los peruanos sin excepción”, remarcó.
El gremio empresarial también apuntó que las designaciones de funcionarios no idóneos y poco preparados para asumir diferentes cargos, solo acentúan uno de los males endémicos de la gestión pública en el Perú, entre los cuales lamentablemente priman la corrupción y la ineficiencia.
Finalmente, recordó que, según un informe de la Contraloría General de la República, al cierre de 2021, se identificó a 7.740 funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, con presunta responsabilidad en hechos irregulares, los que habrían causado un perjuicio económico al Estado por cerca de S/ 2500 millones.
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