Hace una semana, recibimos una buena noticia desde el Poder Judicial del Perú: le dio la razón a Luis Alberto Gonzales-Zúñiga en el procedimiento que siguió contra el Estado Peruano por haberlo removido del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
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El economista había ganado un concurso público para ser designado en un cargo por cinco años y, de pronto, se lo removió del mismo porque el Poder Ejecutivo decidió, a su cuenta y riesgo, que se trataba de un cargo de confianza, removible a voluntad del ministro(a) de turno.
Los cargos a los que se accede por concurso público y que tienen períodos determinados son fundamentales para sostener la institucionalidad. Contribuyen a hacer predecibles las decisiones de las entidades públicas, poder hacer proyecciones para las inversiones cuyos retornos son de largo plazo y, sobre todo, para que la funcionaria(o) tenga la libertad para desempeñarse con criterios técnicos, aislada(o) lo más posible de los avatares del día a día de la política y los grupos de interés.
El Serfor comenzó sus operaciones en el 2014 y, entre sus responsabilidades, se encuentra la de gestionar los valiosos recursos forestales con los que cuenta el Perú. Esto significa poner orden en un sector dominado por la informalidad y la ilegalidad, así como por una gestión débil de los gobiernos regionales. Parte de la fortaleza que se le quiso dar a la institución es que su director ejecutivo sea elegido por concurso público y obtenga su respaldo a partir de sus habilidades de gestión técnica.
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Por concurso público también son elegidos los presidentes de los organismos reguladores de servicios públicos. Sin concurso, pero con plazo de designación, son seleccionados los responsables de los organismos institucionales autónomos, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); así como los diversos comisionados y vocales de las comisiones, salas y tribunales del Indecopi y otros organismos.
La importancia de estas reglas de designación es fundamental, más aún en la actual coyuntura. Se ha anunciado un cambio de orientación en el liderazgo del crecimiento económico desde el sector privado hacia el sector público. De hacerse efectivo, ese potencial cambio tiene que venir acompañado por un respeto a las reglas de juego que hicieron posible la inversión privada que movió muy dinámicamente la economía por varias décadas. Parte de estas reglas de juego incluyó que los funcionarios responsables de las instituciones económicas fueran designados de una manera que los aislara lo más posible de los vaivenes de la política. Sostener el necesario crecimiento económico requiere fortalecer esa institucionalidad.
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