Comisión del Congreso aprobó predictamen que modifica normativa anticorrupción sobre personas jurídicas

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó un predictamen que plantea modificar la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas, a fin de que esté acorde a los parámetros internacionales.

Según el documento al que accedió este Diario, con cargo a revisiones, se propone modificar los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 17 y 18 de la Ley 30424, y se incorporan otros, como el 12-A, 19, 20 y 21.

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De este modo, se amplía el alcance de la norma a los delitos de contabilidad paralela, fraudes en remates, licitaciones y concursos públicos, corrupción privada, tráfico ilícito de drogas, delitos ambientales, financiamiento prohibido de organizaciones políticas y falseamiento de aportaciones, ingreso y gastos, delitos aduaneros y tributarios.

En las modificaciones, se establece la posibilidad de determinar la responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de delitos a través de intermediarios. Asimismo, se puntualiza que la responsabilidad de la persona jurídica podrá ser determinada pese a que la persona natural también haya obtenido un beneficio económico o de otra índole.

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También se presenta una nueva fórmula de cálculo de la multa a la persona jurídica, a fin de abarcar todos los supuestos posibles, esto es, tanto cuando sea o no posible identificar los ingresos obtenidos o por obtener como resultado o producto de la comisión del delito, como también cuando la persona jurídica no ha registrado ingresos antes o después de cometido el ilícito.

Del mismo modo, se propone cuantificar la multa ya no en función a los ingresos anuales de la persona jurídica sino en relación a la gravedad del delito que se cometa.

Cabe indicar que con el objetivo de concretar avances que permitan adecuar el ordenamiento jurídico peruano para una lucha eficaz contra el soborno nacional y transnacional, el Perú ha participado en las evaluaciones de Fase I (2018-2019) y Fase II (2020-2021), realizadas por el Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En estas evaluaciones, el Grupo de Trabajo efectuó recomendaciones a fin de fortalecer la normativa vinculada a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

Por ello, la propuesta legislativa busca atender dichas recomendaciones con la finalidad de que la normativa peruana se encuentre acorde a los parámetros internacionales. Los planteamientos serán incorporados en la Ley 30424.

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