Produce busca promover la industria pesquera. (Foto: USI)
Produce busca promover la industria pesquera. (Foto: USI)
Redacción EC

La más reciente propuesta de tasas de que el Ministerio de la Producción () espera que se aplique desde el 2019 debe basarse en costos reales y no ser discriminatorio, indicó la Sociedad Nacional de Pesquería (). 

La presidenta de la SNP, Elena Conterno, sostuvo que las diferentes propuestas presentadas por Produce hasta la fecha evidencian que no se está tomando en cuenta los costos reales que tiene la industria -que incluye una carga tributaria por fiscalización y aportes sociales-; así como calificó de incorrecto el análisis del sector de parte del ministerio.

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En ese sentido, un estudio de Macroconsult, elaborado a cargo del gremio, destacó que, asumiendo que entre el 2009 y 2018 se hubieran aplicado las tasas propuestas por Produce, el incremento acumulado por el pago de la industria pesquera al Estado habría sido de US$301 millones adicionales

El pago de derechos de pesca ha promediado los US$15 millones anuales en el periodo 2009-2018, según el mismo estudio.

Así, la SNP señaló que las nuevas tasas de derecho de pesca deberían pagarse solo cuando las empresas generen renta económica; mientras que cuando se generen pérdidas, se pueda pagar la tasa actual de 0,25% del valor FOB de la harina de pescado. 

En esa línea, Conterno también comentó que el cálculo de las nuevas tasas deberían hacerse en función al valor del recurso natural (anchoveta), pues no es correcto tomar como base de cálculo el precio de un producto industrial. 

En la víspera, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, señaló que en los últimos meses se han desarrollado una serie de consultorías y estudios para determinar cuál será el monto imponible para el derecho de pesca. Además, dijo que pronto harán un pronunciamiento sobre las nuevas tasas de derecho de pesca.

Frente a las propuestas de la SNP, El Comercio contactó al Produce para conocer sus descargos. 

ANTECEDENTES
Como se recuerda, en noviembre del 2018, el Ejecutivo prepublicó un decreto supremo, elevando los valores del derecho de pesca, en función al valor de las toneladas descargadas. Cuando no superaran los 3,4 millones de toneladas, la tasa sería de 0,27% del valor FOB; mientras que sería de 1,26% del valor FOB si supera dicho valor.

Ante el rechazo del sector, se prepublicó el domingo 17 de febrero otra propuesta con nuevos valores, escalonados en cinco niveles (0,27%, 0,51%, 0,75% o 0,98% del valor FOB de la harina de pescado, según corresponda).

Sindicatos de pescadores artesanales y armadores pesqueros se han mostrado en contra de la medida, convocando a marchas en Tumbes en los primeros meses de año.

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