El desafío de mitigar la minería informal: ¿Éxito o fracaso?

El proceso de formalización de la minería artesanal, promovido por el Gobierno con grandes ilusiones e ímpetu explosivo, cumple dos años y ocho meses de vigencia sin resultados visibles que mostrar. Peor aun, una evaluación realizada por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) sugiere que apenas cinco mineros artesanales, de casi 70 mil que presentaron declaraciones de compromiso al Minem, han conseguido formalizarse.

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Día_1 contactó a la Oficina de Formalización Minera del Minem para contrastar la veracidad de esta estadística. La respuesta que nos dieron fue que se han cursado cinco resoluciones directorales de formalización, pero que estas no corresponden a cinco mineros (como señala el ILD) sino a dos personas naturales y a tres cooperativas que agrupan a 231 mineros artesanales. Todos ellos en Puno. 

Cinco o 231. Las cifras motivan a analizar si el proceso de formalización se encamina al fracaso o si tiene, quizá, algún viso de alcanzar el éxito. ¿O será acaso que se impone redefinirlo (es decir, suspenderlo) como propone el líder del ILD, Hernando de Soto?

¿ÉXITO O FRACASO?
Se estima que hay más de 300 mil mineros artesanales en el país, incluyendo a los operarios (4 o 5) que trabajan para el empresario artesanal llamado a formalizarse. De estos últimos, 69.668 han iniciado trámite en el Minem. Empero, faltando dieciséis meses para el cierre del proceso, apenas un ínfimo porcentaje: 0,007% o 0,3% en el mejor de los casos, ha accedido a la formalidad.

A la luz de estos resultados, César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, no duda en considerar que el programa es un fracaso. “Madre de Dios, que es el caso más clamoroso de contaminación ambiental, no cuenta con un solo minero artesanal formalizado, como tampoco lo hay en el Cusco ni en Ucayali ni en otras regiones, salvo unos pocos en Puno”, manifestó.

A su entender, la formalización no cumplirá sus objetivos de largo plazo, debido a deficiencias en su concepción y a la carencia de recursos financieros en los gobiernos regionales, que son los llamados a liderar el proceso. 

Manuel Pulgar-Vidal, ministro del ambiente, tiene una visión muy diferente. El funcionario sostiene que la formalización es un éxito, porque promueve la asociación de los mineros artesanales a través de cooperativas, una estrategia empresarial que los ayuda a afrontar los costos de acceder a la formalidad. Tesis opuesta a la sostenida por Hernando de Soto, para quien el proceso genera vasallos, más no empresarios.
“La formalización no debe verse solo como estadísticas, sino como un conjunto de elementos exitosos, relacionados con la trazabilidad y el control de la exportación de oro, la interdicción y procesos simplificados”, añadió el ministro.

EMPEZAR DE CERO
El ILD propone redefinir por completo el proceso de formalización, porque no empodera al minero artesanal sino que lo obliga, únicamente, a regularizarse, es decir, a pagar impuestos sin recibir incentivos de ninguna especie. 

Rafael Belaunde, geólogo minero, defiende esta postura. En su opinión, el programa ha demostrado una clara hostilidad contra los empresarios mineros emergentes y un marcado favoritismo hacia los intereses económicos de las grandes empresas mineras. 

De acuerdo al geólogo, existen muchas alternativas de refedinición. Una de ellas consiste en reordenar el sistema de concesiones mineras para hacerlo más asequible a las posibilidades de los mineros artesanales. En ese sentido, propone crear áreas de 10 o 20 hectáreas, rompiendo el estándar de 100, ideado para atraer los grandes capitales.

“Lo único que hay que tener es voluntad para pensar en la problemática de los mineros emergentes, pero el ministro de Energía y Minas está más preocupado por los petroleros y los empresarios del sector energía, que por las necesidades de la pequeña minería”, manifestó. 

Lenin Valencia, especialista en minería informal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, advierte que si bien el proceso de formalización no ha dado resultados satisfactorios, ha proporcionado al menos una sólida estructura para diferenciar a los mineros informales (pasibles de ser formalizados) de los ilegales (combatidos abiertamente en Madre de Dios) dentro de una estrategia que debe mirarse en el largo plazo y no pensando solamente en el 2016.

Esta es la razón que lo impele a defender la continuidad del proceso. “No se puede revisar todo el programa porque abriría las puertas a la minería ilegal”, sostiene. Un atisbo de esto puede verse  en el deseo de los mineros ilegales de Madre de Dios de acercarse al ILD, como acaba de anunciar su líder, Luis Otsuka. 

TRABAS AL PROCESO
Hernando de Soto advierte que el principal factor que impide la formalización es su costo prohibitivo: US$87.849 (unos S/.240.000), y el engorroso trámite, estimado en 1.260 días. Si bien el Minem y el Minam califican estas cifras de exageradas, es evidente que existen cuellos de botella que obstaculizan el proceso.

Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental minero, considera que se debe adoptar una solución intermedia entre la flexibilización en asuntos administrativos y tributarios (que entrampan la formalización) y el cumplimiento irrestricto de la normativa ambiental, que no admite lugar a peros; no obstante lo que puedan opinar los mineros artesanales.

“No hay nada que modificar en la ley en este momento. El EIA (IGAC) que se exige a la minería artesanal es más barato que el que se exige a la grande, porque los términos de referencia son diferentes y las características de la operación artesanal la hacen, además,  menos onerosa”, indicó. A su entender, lo que debería  hacer el Gobierno es acompañar a los informales en todo el proceso. 

Por ejemplo, a través de asistencia técnica y difusión de equipos y tecnologías limpias, o identificando zonas libres donde puedan asentarse libremente, en la eventualidad de que no puedan alcanzar acuerdos con los propietarios de las concesiones donde trabajan, percance que es un cuello de botella enorme, como apunta Ipenza.

Pero hay otra traba fundamental: el limitado presupuesto que el MEF asigna a los gobiernos regionales para supervisar la formalización. “Por ejemplo, el Gobierno de Madre de Dios, que tiene el peor problema ambiental minero, necesita S/.2 millones anuales para atender sus obligaciones de formalización, pero solo recibe S/.200 mil, es decir, sólo el 10%”, indica Lenin Valencia.

Si el mismo Estado no conoce cuáles son los requerimientos económicos que demanda la formalización, no es de extrañar que el proceso se encuentre en su lánguido estado actual. Y eso es bastante preocupante.