Lo que dijo el CEO de Graña y Montero sobre el gasoducto

El pasado diciembre, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo en una entrevista a Reuters que el Estado peruano tendría que pagar entre US$1.200 y 1.400 millones en compensación si decidía rescindir el contrato actual del gasoducto en medio de demoras de financiamiento.

Alvarado también estimó que la reanudación del desarrollo del proyecto podría tomar hasta tres años si la concesionaria, liderada por Odebrecht, no cumplía con el plazo para cerrar el financiamiento (el 23 de enero) y el Gobierno decidía realizar una nueva subasta para encontrar otro operador. "El daño realmente es para el país y eso hay que evitar a toda costa", dijo el líder de Graña y Montero en un intervalo durante una cita empresarial en Paracas, al sur de Lima.

Agregó, que el monto de compensación que pagaría el Estado peruano si cancela el contrato deriva de un porcentaje calculado por toda la inversión realizada en el proyecto. "Es el 72,5% del valor contable neto invertido, que son como US$2.000 millones", afirmó Alvarado. Sin embargo, en caso de que se lance una nueva subasta del gasoducto,  dijo que Graña y Montero estaría dispuesto a participar. "Sí claro, nosotros no tendríamos ningún tipo de problema", acotó.

Aquella vez, además, se mostró aún optimista ante la posibilidad de que Odebrecht venda sus acciones en el gasoducto, una condición de los bancos que proporcionarán un préstamo de US$4.125 millones necesarios para su construcción. "Estamos trabajando muy fuerte para que el proyecto salga adelante, con nuestros socios. Somos positivos siempre", afirmó.