Congreso aprueba por insistencia la ley que elimina el régimen CAS: ¿Qué impacto tendrá?

MIRA: Congreso aprueba por insistencia eliminar el régimen CAS en el sector público

En detalle, se trata del proyecto de Ley No. 01888/2017-CR, “que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público”.

Esta iniciativa señala que la incorporación se realice de forma progresiva dentro de un plazo máximo de cinco años. Además, elimina “la temporalidad sin causa” y dispone que “a partir de la entrada en vigencia de esta ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen CAS”.

El Ejecutivo, que la observó el pasado 15 de enero, sustentó su decisión en que la medida perjudica “el acceso e incorporación de servidores a la administración pública y se opone a la reforma del servicio civil”.

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ha criticado que el Congreso haya avanzado con esta propuesta, puesto que genera un incremento automático del 28% del costo de la planilla estatal. Se calcula que el gasto anual aumentará de S/9.000 millones a S/11.530 millones.

Otra observación de Servir recae en que el proyecto del Legislativo vulnera el principio de meritocracia. Esto, debido a que “más de 300.000 personas entrarían sin concurso público y de manera indefinida a trabajar en el Estado”.

“Esto vulnera la Constitución. Esto se convertirá en una bomba de tiempo para la sostenibilidad del país y del próximo gobierno”, acotaron en un comunicado luego de que el Pleno aprobara el proyecto el pasado 11 de diciembre.

Análisis

Los laboralistas consultados coinciden en que el Pleno del Congreso no puede omitir las advertencias económicas realizadas sobre estas medidas, sobre todo en este contexto de pandemia, que ha implicado fuertes gastos al Fisco y una disminución en la recaudación tributaria.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, detalló que el incremento presupuestario responde a que sobre el sueldo de los trabajadores deberán sumarse costos como las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y otros para la entidad empleadora.

Cristina Oviedo, líder del área laboral del estudio Payet, señaló que con el otorgamiento de más beneficios, además, hay un tema constitucional, puesto que vulnera el principio de equilibrio presupuestal.

Por el lado de los traspasos automáticos, Flavia Granados, asociada senior de DLA Piper, indicó que el proceso no es tan sencillo como lo ha planteado el Congreso. Esto, porque el ingreso a las planillas del Estado tiene criterios distintos de evaluación que al CAS.

“Hay un tema de meritocracia que tiene que evaluarse. En todo caso, en el reglamento [del proyecto eventualmente aprobado] tiene que especificarse que no se hará un traspaso automático y que sí se considerarán los criterios de ingresos a cada régimen”, anotó.

Ante la eventual aprobación de la propuesta en el Pleno, Oviedo precisó que el Ejecutivo podrá ingresar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, también hay acciones que puede considerar de corto plazo.

A fin de atender también la demanda de los empleados, Toyama acotó que el Estado debe estar obligado a implementar la ley de servicio civil.

“Una salida a corto plazo es que haya un pacto político para que se empiece con este proceso, que no solo beneficia al CAS, sino también a otros grupos de trabajadores que no tienen mejoras salariales hace años. La realidad es que hoy una municipalidad tiene trabajadores ubicados hasta en tres regímenes”, refirió.

Oviedo compartió esta posición al considerar que el Ejecutivo tiene una deuda con la reforma de gestión de recursos humanos. A diferencia de la propuesta del Congreso, mencionó que este esquema plantea un proceso transparente, meritocrático y respetuoso de los presupuestos.

“Sí se cuenta con los recursos para implementar la ley de servicio civil. Hoy no es un momento para hacer una reforma que implique un costo alto para el Estado”, apuntó.

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Para Toyama, iniciar este proceso, además del factor presupuestario, también depende de la voluntad para accionar.

El 24 de diciembre, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ingresó al Régimen del Servicio Civil.

“Se promoverá una carrera pública con meritocracia, se mejorarán las condiciones laborales de los servidores públicos y se modernizará la entidad”, informó el MEF entonces.

De otro lado, el socio de Vinatea & Toyama también criticó la labor legislativa, la cual, a su entender, viene dejando varias lagunas.

“El Congreso está acostumbrado a derogar normas y dejar lagunas legislativas. Derogó el régimen agrario y pasaron más de 20 días sin una norma. Hace poco ha derogado la que se refiere a la negociación colectiva y no hay una norma de transición. También ocurriría con el CAS”, apuntó Toyama.

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