El problema de una mala gestión regional, por David Tuesta

El camino hacia la prosperidad de un país pasa sin duda por generar mayor productividad. Incrementarla requiere una labor constante en varias áreas en las que el Perú se ha adormilado durante la última década.

Una de estas tareas es la de hacer más eficiente al Estado, hecho que requiere observar la problemática desde una perspectiva regional, no sólo por nuestra propia estructura descentralizada, sino también por la manifiesta diferencia que existe entre la calidad y cantidad de servicios que reciben los ciudadanos de algunas regiones respecto a las que reciben otras.

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La pandemia ha hecho más evidente estas brechas, particularmente entre la capital y el resto del país. A partir de esta situación, algunas posiciones políticas han venido concluyendo que se requiere un Estado más grande en las regiones, para lo cual se plantea, por ejemplo, incrementar las cargas tributarias de industrias relevantes en diferentes geografías del país. El hecho es, sin embargo, que cuando uno analiza las cifras, todo parece indicar que el principal problema no es de la falta de mayores recursos para las regiones, sino de la mala gestión de estos.

La gestión pública regional es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y así fundamentar un contrato social inclusivo entre Estado y sociedad. Ello requiere, por supuesto, contar con recursos adecuados para ser ejecutados en beneficio de la población.

El problema, sin embargo, es que a pesar de que las regiones están dotadas de un buen presupuesto, son incapaces de ejecutarlo. Por ejemplo, en el caso del presupuesto disponible con que cuentan los gobiernos locales y regionales para proyectos de inversión, es triste observar que han dejado sin ejecutar el 40% durante el período 2016-2020. Esta cifra representa cerca del 1,5% del PBI anual.

Si solo tenemos en cuenta el efecto multiplicador de la inversión sobre la actividad productiva, podríamos concluir que el país ha tenido una pérdida de costo de oportunidad de cerca del 2% de mayor crecimiento, lo cual se constituye en un detrimento aun mayor para aquellas regiones que reciben importantes asignaciones presupuestarias que no ejecutan respecto al tamaño de su población.

Regiones como Tumbes, Áncash, Piura, La Libertad y Cajamarca, por ejemplo, han dejado sin ejecutar cerca del 50% de su presupuesto en inversiones durante los últimos cinco años lo cual pudo haber significado mejoras tangibles para sus ciudadanos, que se verían reflejadas en más crecimiento, más empleo, menos pobreza y más igualdad.

Visto lo anterior, es inútil que el país se enfrasque en una discusión que tenga como eje central transitar hacia un modelo más intervencionista del Estado cuando el paso obvio es trabajar en el reforzamiento de las capacidades de gobierno locales y regionales, y al mismo tiempo, revisar con acuciosidad todas aquellas fricciones procedimentales, legales y regulatorias que transforman lo que debiera ser simple en complejo. El próximo gobierno tiene aquí una labor de extrema urgencia que, de hacerlo bien, traería beneficios realmente concretos para el ciudadano.

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