Una planilla en desorden: El caso de la municipalidad donde hay 27 trabajadores para una sola plaza laboral

El Estado Peruano es enorme y también lo es el número de trabajadores que se desempeñan en él. Se encuentran distribuidos en diversos tipos de entidades, bajo diferentes regímenes laborales y con variadas condiciones de trabajo.

Todo ese complejo aparato ha sido, por años, un problema para las administraciones del sector público. Y las responsabilidades son diversas.

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Un caso concreto es el de la Municipalidad Provincial del Cusco. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 2019 registró y declaró un total de 2.775 trabajadores, de los cuales 1.233 fueron repuestos por mandato judicial.

“Son muchos. Presupuestalmente afecta a la municipalidad, ya que el MEF no destina dinero para estos trabajadores repuestos judicialmente”, comentó el alcalde provincial del Cusco, Ricardo Valderrama, a El Comercio.

Solo el año pasado, la gestión destinó el 30% de su presupuesto total para asumir el pago del personal. “Y hay casos extremos, para una sola plaza laboral existen un total de 27 trabajadores repuestos”, agregó.

En promedio, cada trabajador en esa municipalidad percibe un salario de más de S/2.000. Y como se trata de mandatos, están obligados a cumplirlos. Solo en el 2019 se repuso a 29 personas en esta municipalidad.

Para la Asociación de Municipalidades del Perú, este es un problema grave para las administraciones regionales.

“No ha habido una lógica uniforme. En Chiclayo, por ejemplo, han proliferado las conquistas sociales en detrimento de las arcas públicas municipales”, comentó el presidente de la asociación, Álvaro Paz de la Barra.

BENEFICIOS POR NEGOCIACIÓN

Entre el 2008 y el 2018, la empresa estatal Petróleos del Perú (Petro-Perú) mediante laudos arbitrales y convenios colectivos con sus sindicatos incrementó remuneraciones de sus trabajadores año tras año.

En ese período, el incremento más alto en la remuneración fue de 9,75% para el sindicato de trabajadores administrativos de la empresa estatal.

Adicionalmente, otorgaba a cada trabajador bonificaciones por cierre de pliego que llegaban hasta los S/19.000 [ver infografía].

Considerando el último laudo arbitral del 2018 y el total de trabajadores según el cuadro de asignación de personal de Petro-Perú de 2.231, solo en bono por cierre de pliego se habrían pagado alrededor de S/36 millones.

Por otro lado, se estima que el gasto total en personal activo de Petro-Perú fue de S/481 millones, de los cuales por laudos del 2018 correspondería el 11% (S/54 millones).

“En el pasado ha habido un abuso, sin ninguna duda. Y se daba todos los años”, comentó el presidente de la petrolera estatal, Carlos Paredes. Lo que ha hecho la entidad para corregir esta situación es realizar acuerdos colectivos bianuales. “Están alineados con la inflación, consistente con la situación de una empresa sobreendeudada como Petro-Perú”, agregó.

La lógica que persigue el Ejecutivo es regular estos casos a través de los decretos de urgencia ya publicados para que el ejercicio del derecho colectivo exista, pero sin que afecte las arcas públicas.

“El trabajo es defender los recursos del Estado. Es el ciudadano el que termina pagando por beneficios que están por encima del presupuesto”, señaló el director general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el MEF, Victorhugo Montoya.

LA DOBLE CTS: EL CASO DE CHICLAYO

La gerenta de Recursos Humanos de la Municipalidad de Chiclayo, Erika Araujo Gonzales, explicó que por años la municipalidad arrastra el compromiso colectivo de pagar un 95% adicional a la CTS de un trabajador bajo el régimen laboral N° 276.

“Cuando, según ley, a ellos solo les corresponde un aguinaldo en julio y diciembre”, aseveró.

La referida municipalidad utiliza el 57% de su presupuesto para poder asumir los compromisos que tiene con su personal.

“Además, la gestión actual ha asumido pasivos de deudas en Essalud y AFP que no se les ha pagado a los trabajadores. Todo por problemas de anteriores gestiones”, acotó.

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