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El día antes de ser retirado de la presidencia no ejecutiva de Minera IRL Ltd., Jaime Pinto soltó una bomba que pone bajo sospecha el sistema por el cual las empresas mineras obtienen sus autorizaciones ambientales.
Pinto hizo pública una denuncia penal ampliatoria que presentó ante la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima, según la cual funcionarios de Minera IRL S.A. (subsidiaria peruana de Minera IRL Ltd.), pagaron unos US$11,5 millones en sobornos a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre el 2013 y el 2014.
El texto de la denuncia dice lo siguiente: “La información proporcionada desde dentro de nuestra subsidiaria es evidente y contundente: funcionarios de MIRLSA (IRL S.A.) han venido realizando sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas.
Todos estos sobornos a funcionarios públicos eran aprobados por [Diego] Benavides Norlander [presidente de las subsidiarias locales de Minera IRL Ltd.] y ejecutados por Oswaldo Sánchez, quien ejerce el cargo de consultor de la Administración General. En otros casos, la modalidad era la entrega de costosos regalos a ciertos funcionarios claves. Todo ello configura el despliegue de actos sistemáticos de corrupción de funcionarios”.
Según Pinto, los sobornos fueron para “agilizar” la obtención de permisos ambientales para el proyecto Ollachea, ubicado en Puno. Dice también que se pagó a representantes de la comunidad Ollachea.
LA DEFENSA
Pinto hizo la denuncia un día antes de que la Junta de Accionistas de Minera IRL Limited decidiera si le renovaba la confianza o si en su lugar nombraba una nueva terna de directores. Esta incluyó inicialmente a Benavides, pero el ejecutivo retiró su nominación.
Benavides sostiene que Pinto realizó acusaciones difamatorias que solo buscaban desprestigiarlo para así ganarse la ratificación en la Junta General de Accionistas. Según él, una anterior denuncia del abogado ya ha sido desestimada.
Benavides remitió los resultados de un dictamen pericial contable solicitado por la Fiscalía Provincial Penal 11 de Lima, que concluye que no se han registrado actos ajenos a la actividad de la empresa.
En el Ministerio de Energía y Minas, voceros autorizados indicaron que no tienen registro de ninguna denuncia presentada ante el Poder Judicial o la contraloría, en contra de algún funcionario de dicha cartera, relacionada con Minera IRL.
Tras revisar los procesos de los permisos obtenidos por IRL S.A., en el Minem indicaron que no se nota ningún procedimiento veloz. El EIA semidetallado de Ollachea para exploración se aprobó tras un año y 4 meses, el EIA para explotación en 9 meses, un informe técnico sustentatorio en un mes y el plan de cierre en 8 meses. La denuncia, sin embargo, sigue ahí: ¿Fue una parte de la ‘campaña electoral’ de Pinto o el indicio de que algo marcha mal en el Minem?
FONDO INGRESARÁ A IRL LIMITED
Un fondo de inversión especializado en minería ingresará próximamente al accionariado de Minera IRL Limited, según indicaron fuentes cercanas a la operación.
El ingreso del fondo permitirá inyectar dinero fresco a la empresa que ha estado pasando por momentos críticos debido a la crisis corporativa por la que ha atravesado.
DELICADA SITUACIÓN
Minera IRL S.A. estuvo a punto de incumplir con sus obligaciones este año, situación que solo evitó gracias a un crédito de la Corporación Financiera del Desarrollo (Cofide) por US$70 millones.
El crédito está en período de gracia hasta el 2017. Ante el argumento de que resulta inusual que la entidad estatal financie proyectos mineros, esta señala que sí se dedica a financiar actividades de inversión productiva. Jorge Ramos, presidente de Cofide, señaló en octubre a El Comercio que se atendió el pedido en vista de que Minera IRL S.A. se presentó de la mano con la comunidad de Ollachea que respaldaba los trabajos en el proyecto aurífero del mismo nombre.
La operación con Cofide fue criticada por el directorio de Minera IRL Limited que encabezó Jaime Pinto, quien denunció que se pagó innecesariamente comisiones a terceros. Minera IRL S.A. afirmó que el cargo no tenía sustento.
