IPE: 17 acuerdos comerciales podrían ser finalizados directamente por el Ejecutivo si así lo decide

Informe IPE - El Comercio

Durante la campaña electoral, se ha discutido la revisión de los acuerdos comerciales celebrados por el Perú. De las 10 agrupaciones políticas que lograron representación en el próximo Congreso, Perú Libre (37 escaños virtuales) y Juntos por el Perú (4) proponen en sus planes de gobierno revisar todos los tratados de libre comercio (TLC), los cuales, se argumenta, estarían priorizando los intereses de países y firmas extranjeras.

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En esta segunda vuelta, mientras Fuerza Popular plantea preservar los tratados, Perú Libre señala que la revisión de estos concluirá en su reafirmación, regulación o anulación. Según la Constitución, existen procedimientos establecidos para la revisión de estos tratados, cuyos beneficios podrían ponerse en riesgo.

Los que están vigentes

El Perú tiene 21 acuerdos comerciales preferentes y vinculantes con 54 países de cuatro continentes. Además, es miembro de la Organización Mundial de Comercio y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Más aún, tiene tres acuerdos suscritos, pero aún no ratificados con Guatemala, Brasil y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), con el cual se tendrían lazos con hasta 11 países; así como negociaciones de tratados con El Salvador, Turquía e India.

Esta política comercial ha llevado a una reducción de los aranceles promedio impuestos por el Perú, lo cual beneficia a los consumidores y empresas con importaciones a menor costo.

Medida constitucional

La aprobación y cese de los tratados internacionales están normados en la Constitución. El artículo 56 señala que estos deben ser aprobados por el Congreso si se relacionan con derechos humanos, soberanía del Estado, defensa nacional u obligaciones financieras del Estado. Además, la aprobación del Legislativo es necesaria si los tratados modifican tributos, exigen cambiar leyes, o precisan de otras medidas legislativas para su ejecución.

En tanto, el artículo 57 señala que el presidente de la República puede celebrar o anular tratados unilateralmente sin aprobación previa del Congreso si estos no versan sobre las materias señaladas previamente. En caso de que los tratados requieran aprobación congresal, su término también estará sujeto a la decisión del Congreso.

Así, de acuerdo con el Mincetur, existen 17 acuerdos comerciales, celebrados solo por el Poder Ejecutivo, que estarían en riesgo de ser denunciados por el próximo gobierno si este así lo decide, sin contrapeso del Legislativo. Se requeriría la aprobación del Congreso para finalizar los acuerdos con EE.UU., Reino Unido, la Unión Europea y la Comunidad Andina (CAN).

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La denuncia de estos tratados sin un sustento adecuado podría echar a perder décadas de trabajo en materia comercial. Según Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo, existen mecanismos entre las entidades administradoras de los tratados para resolver controversias sin interrumpir los acuerdos y dar fluidez al comercio entre los países. “Es posible que una de las partes pida ajustes o renegociaciones si existe una razón clara para hacerlo, pero denunciar un acuerdo sin sustento, por razones políticas o ideológicas, sería un tremendo error y nefasto para el Perú”, señala Ferrero.

Asimismo, Ferrero considera que los tratados que impliquen grandes volúmenes de intercambio comercial deberían ser aprobados por el Congreso, al crearse un doble control de poderes del Estado y porque así tendrían mayor legitimidad política.

Relevancia en el país

Durante las últimas dos décadas, la apertura comercial –medida como porcentaje del PBI– creció de 36% a 47%. Entre el 2000 y el 2019, el valor de las exportaciones logró un avance acumulado de 586% y cerca de la mitad de este monto está dirigido a grandes economías como China, EE.UU. y la Unión Europea.

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Asimismo, el sector exportador se ha convertido, por sus encadenamientos con otros sectores, en una fuente importante de empleo. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ÁDEX, en el 2019 se generaron más de tres millones de empleos directos, indirectos e inducidos, principalmente en los sectores agroindustria y minería tradicional. Esto representa el 18% de la fuerza laboral del país.

Por otra parte, el valor de las importaciones acumuló un crecimiento de 458% en este período, mientras que el volumen se triplicó. Esto beneficia a los consumidores, pues acceden a una mayor variedad de opciones, así como a los productores que importan bienes e insumos para la venta o producción local.

El perjuicio que generaría la denuncia de los acuerdos comerciales vigentes tendría un gran impacto en nuestra economía. Según datos de la Sunat, el 55% del valor de las exportaciones y la mitad de las importaciones entre el 2014 y el 2020 corresponden a países con acuerdos comerciales cuyo fin depende del Ejecutivo.

Por el contrario, urge dar continuidad a los acuerdos en negociación que, como en el caso de la India, han encontrado una fuerte oposición de industrias nacionales. Según Cómex, esto omite que existen problemas particulares de cada sector, comúnmente relacionados a la poca capacidad de innovación.

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