'Grati' sin descuentos: ¿medida populista o con base técnica?

Que haya sido aprobado varias veces no significa que la ciencia ya lo haya decretado como indiscutible y, por tanto, debamos creer a pie juntillas en su efectividad. El debate no es nuevo, es cierto, y los argumentos se podría decir que ya están gastados, pero es imprescindible volver a repasarlos hoy que el Congreso discute, una vez más, si volvemos permanentes o no los descuentos por Essalud (además de los aplicados a las pensiones) en las gratificaciones. 

Antes de juzgar si Essalud es o no es eficiente, y si se le hace un forado insustituible, es bueno centrar la discusión en la raíz, en el concepto de fondo. Partamos por el principio, como diría Cantinflas, y definamos bien de qué estamos hablando. ¿Qué es una gratificación?, ¿es algo que por su propia esencia debe pagar tributos como el resto del salario? Las opiniones están divididas.

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 “Las gratificaciones de julio y diciembre son beneficios creados por una ley, cuyo origen tuvo por finalidad tornar en obligatorio un beneficio que muchas empresas ya otorgaban a sus trabajadores”, refiere Diego Castillo, gerente de Capital Humano de EY. En otros países, añade, estos beneficios adicionales al sueldo son acordados libremente por cada empresa, según sus propias condiciones, pero aquí se decidió que sean obligatorios.

Hasta antes de 1950, las empresas tenían la espontánea costumbre de dar un aguinaldo por fiestas, un adicional para cubrir esos gastos extras, pero luego, al convertirlo en ley, dejó de ser un “regalo” y se convirtió en una remuneración, explica el laboralista Ricardo Herrera. “Si nos guiamos por su origen es un aguinaldo, no una remuneración, y por tanto no debería estar sujeto a pago de tributos, seguros y fondos de pensiones”, aclara.

Pero no todos están de acuerdo con dicha definición. Cynthia Cuba, directora legal de KPMG Perú, asegura que la gratificación no es un bono, sino que fue concebida como “un monto esencialmente remunerativo adicional al sueldo base de los trabajadores, un aumento salarial en los meses que su nivel de gasto se incrementa”.  

Jorge Toyama, del estudio Miranda & Amado, coincide en que son remuneraciones obligatorias y, por tanto, deben estar afectas a los mismos aportes, tributos y descuentos que el sueldo básico mensual. No son universales, añade, sino que varían por país, aunque se tiende como máximo a un sueldo adicional por año. Nosotros tenemos 15 sueldos (12 meses, CTS y dos gratificaciones) que generan un monto anual total al cual se le aplican los descuentos.

Si en julio y diciembre se pagan dos sueldos es porque en esos meses hay más gastos, pero siguen siendo parte del salario, puntualiza. Cuba considera que en realidad no son dos sueldos más, sino que el sueldo anual es repartido de esa manera para disponer en fiestas de más efectivo.

Víctor Andrés García Belaunde, el congresista que propone eliminar para siempre los descuentos de las gratificaciones, asegura que en un mes no se pueden aplicar dos descuentos, porque solo corresponde un descuento por mes. Pero, en realidad, la teoría del cálculo del descuento se basa en el ingreso percibido, no en si existe o no cargo doble en un mes, agrega Rafael Varela, gerente de Auditoría Tributaria del Estudio Verona.

“Es algo matemático: no es que aporto el doble, sino que lo hago de manera proporcional y a cada sol que me da mi empleador le aplico el descuento de ley”, viene repitiendo ante los medios Melvin Escudero, de la Universidad del Pacífico. Él considera que el concepto de salario no solo incluye el beneficio monetario, sino la cobertura en seguros de salud y contingencias futuras (jubilación) y por eso su pago está contemplado en la planilla.

En el 2011 se volvió a dar esta excepción hasta el 2014, pero ya desde el 2012 se empezó a trabajar un proyecto que propone volver esta exoneración a las gratificaciones en algo permanente y que hoy está listo para ir al Pleno. 

¿Es indispensable volver al modelo vigente antes del 2009? Belaunde considera que ese dinero lo deben seguir recibiendo los trabajadores y no Essalud, quien ha duplicado sus ingresos y puede seguir tal cual está. Y ahí arranca la segunda gran discusión. 

Una medida transitoria para impulsar el consumo es llevadera, pero no puede ser permanente porque se afectará el funcionamiento de Essalud y ese hueco lo tendremos que cubrir todos, ya sea con nuestros impuestos o con un descuento mensual mayor, sostuvo Hugo Perea, economista de BBVA Research. 

Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), discrepa y opina que los problemas de Essalud se deben “a su deficiente gestión y administración, a la burocracia imperante y a la falta de cobranza a los morosos”. A su entender, Essalud mantiene un crecimiento constante de sus ingresos aun cuando dejó de percibir aportes y no le hacen falta recuperarlos. Solo en el 2014 creció 12% y recaudó S/.8.051 millones, resalta.  

Ciertamente, la seguridad social tiene grandes problemas que saltan a la vista cuando un paciente espera tres meses para una cita o varias horas para ser atendido en emergencia.

Su directora ejecutiva, Virginia Baffigo, acepta esta realidad, pero alega avances: se redujeron de 269 a 122 los puestos ejecutivos, se centralizaron compras en una sola instancia y se pasó de 20% a 60% en compras corporativas, lo que les permitió ahorrar S/.100 millones.

No obstante estos avances, asegura que se requiere más presupuesto para poder solventar las carencias y ejecutar los más de S/5.000 millones en proyectos de infraestructura en cartera.  Según Baffigo, tienen 500 mil asegurados más cada año y esto los obliga a estirar las finanzas al máximo, pero ya no podrán sobrellevar esta situación por más tiempo. Hoy, aun cuando han contratado 1.500 nuevos médicos siguen en déficit (deberían ser 10 pacientes por doctor y no 1.000 por 1). 

Parte del problema, agrega, es que atienden a 5 millones de pacientes al año (casi la mitad de los asegurados) y deben cubrir el 59,3% de cánceres existentes en el país. Además, añade, tienen 290 mil deudores, el 70% de los cuales son incobrables. 

Los efectos de la reducción en ingresos afectan al asegurado, añade, y se ven en sus gastos extras: el 2008 tenían un gasto de bolsillo (medicinas que faltan, etc.) de S/1.388 por familia y ahora es S/1.553.

De convertirse en permanente la medida, añade Toyama, se beneficiará a los sanos (les das dinero) en perjuicio de los enfermos (gastan más con peor atención). Y en eso deberían pensar los congresistas cuando tengan que elegir entre temporal y permanente.