IPE: retrasos de proyectos mineros impidieron que millones de personas salgan de la pobreza

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”.

La investigación permitió estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de empleo debido a la no ejecución de los proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, la conflictividad social durante 2021-2023 y los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto minero modelo representativo.

En primer lugar, se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.

Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3,9% a 4,7% en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1,7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022.

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En segundo lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7.000 millones en términos de menor PBI.

Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1,1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1.800 millones, equivalente al 5,2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo.

Finalmente, se evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva.

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Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12.044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2.066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7.400 empleos por año durante la etapa de producción.

Ante este panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento económico y reducir la pobreza.