La Nueva Ley de Industrias buscaría favorecer a ciertos sectores específicos en perjuicio de la mayoría de la población

El proyecto de la Nueva Ley de Industrias propone otorgar múltiples incentivos fiscales a sectores específicos de la industria. Esta iniciativa abarca, entre sus principales medidas, la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en ocho sectores para empresas que reinviertan por lo menos 20% de sus utilidades netas, la exoneración del IR e IGV para bienes de capital, insumos y materias primas para empresas ubicadas en zonas altoandinas y amazónicas que serían aprobadas por autoridades regionales, la creación de un fondo de desarrollo industrial con garantías crediticias y subsidios estatales, el trato diferenciado entre productor nacional y extranjero, además de otros beneficios para empresas relacionadas con la electromovilidad, la industria digital y las innovaciones tecnológicas.

Aprobar esta ley sería perjudicial para la economía y el desarrollo industrial en nuestro país por cinco razones principales.

1. En la década de 1970 y 1980, beneficios tributarios similares favorecieron el crecimiento de industrias ineficientes, incapaces de competir en el exterior. Además, un estudio realizado por Apoyo Consultoría revela que leyes parecidas en el pasado, como los beneficios para el sector agrícola o la Amazonía no han tenido un impacto positivo claro sobre los flujos de inversión, las ganancias de productividad o la mejora en la calidad de vida de la población en el sector o zona.

2. La propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. La decisión de qué actividades favorecer recaería sobre congresistas y autoridades regionales. En el pasado, proyectos como este generaron un entorno favorable para la arbitrariedad y la corrupción de funcionarios públicos, e incentivaron a los empresarios a destinar gran parte de su tiempo a obtener beneficios tributarios, en lugar de mejorar la competitividad de sus empresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, la mitad de la población considera que el principal problema del país es la corrupción. Además, el 79% de las personas no confía en su gobierno regional.

3. Otorgar un trato preferencial en las compras públicas a las empresas que utilizan materias primas o insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y perjudicar nuestras exportaciones. Estas medidas van en contra de los tratados de libre comercio y de la Constitución, que establece que la inversión nacional y la extranjera deben estar sujetas a las mismas condiciones. Asimismo, favorecer el uso de insumos locales que pueden ser más costosos o de menor calidad haría menos eficiente el proceso productivo, aumentaría el costo de producción para la sociedad y podría afectar la calidad de los productos finales para los consumidores.

4. Los ingresos fiscales en el Perú ya son bajos, en comparación con la región. Aprobar esta norma reduciría el espacio fiscal para gastar en medidas urgentes, como el cierre de brechas de infraestructura, educación y salud, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención a la emergencia climática.

5. Pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. La creación de un fondo estatal que garantice el crédito de empresas de ciertos sectores y otorgue subsidios está prohibida actualmente por la ley de endeudamiento y podría poner en riesgo la calificación de la deuda soberana y aumentar los costos de financiamiento.

En contraste, en aras de promover iniciativas que beneficien de manera trasversal a los distintos sectores económicos, es fundamental:

En primer lugar, simplificar los regímenes tributarios mediante la eliminación del Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT). En su lugar, proponemos un solo Régimen General Simplificado para empresas que facturen entre S/ 96 mil y S/ 1 millón, límite más alineado con regímenes especiales en la región. Este nuevo régimen aplicaría la tasa fija del Régimen General (29,5%) sobre la utilidad definida como ingresos menos egresos de caja. Se recomienda una tasa única y no creciente por tramos, como la que se aplica en el IR a personas, debido a que de esta manera se reducen los desincentivos al crecimiento empresarial y se simplifica la contabilidad que realicen las pequeñas empresas. Asimismo, en este nuevo régimen se permitiría llevar una contabilidad simplificada, solo de ingresos y egresos, y depreciar el 100% del gasto de capital, lo que reduce la carga fiscal durante los primeros años de funcionamiento e incentiva la inversión productiva. Se propone que esta propuesta entre en vigencia a partir del 2025.

En segundo lugar, promover un mercado laboral más flexible y predecible a través de medidas que reduzcan los costos de la contratación formal.

a. Impulsar una reforma constitucional que establezca que la reparación ante un despido que no cumpla los requisitos legales es la indemnización monetaria y no la reposición. La reposición aplicaría solo para los casos de despidos nulos (por maternidad, antisindicales y discriminatorios en general). Ello incentivará la contratación a plazo indefinido, la capacitación de personal y, por tanto, una mayor productividad en general.

b. Se debe establecer que cada dos años se evalúe si se realiza un ajuste a la RMV. Además, se debe establecer criterios que determinen cuándo debe proceder la actualización. Por ejemplo, solo se debería aumentar la RMV si la tasa de informalidad no ha aumentado y exclusivamente en aquellas regiones donde la relación entre el salario mínimo y el salario promedio sea menor al 50%. Para definir la magnitud del aumento se debe priorizar indicadores fáciles de medir, como el producto laboral promedio y la inflación, excluyendo componentes volátiles como alimentos y energía.

En tercer lugar, garantizar una infraestructura pública adecuada para las operaciones de las empresas:

a. Crear un Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) para acelerar la pavimentación de vías. Entre el 2015 y 2022 el porcentaje de vías pavimentadas ha aumentado solo de 13% a 17%. Proponemos establecer una norma legal que permita que aquellas funciones que los Gobiernos Regionales son incapaces de ejecutar eficientemente reviertan al Gobierno Nacional. Bajo esta regla, los gobiernos que no alcancen el umbral de ejecución perderían su capacidad de ser unidades ejecutoras.

b. Crear un marco para mejorar la contratación y desarrollo de estudios de ingeniería que permita auditar su proceso de elaboración. En los últimos cinco años, el Gobierno Nacional ha ejecutado solo el 68% del presupuesto asignado para inversiones y actualmente existen más de 1.800 obras paralizadas. Una de las causas de estas demoras es la mala calidad de expedientes técnicos para los proyectos. Como resultado, muchas obras de conectividad con proyectos de inversión privada se retrasan y limitan. Este marco legal se aplicaría a los tres niveles de gobierno, con incentivos para que los gobiernos regionales y locales se adhieran.

Finalmente, potenciar a las fuerzas policiales para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana con recursos para mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología, instaurar salas especializadas en el Poder Judicial para combatir el “crimen organizado”, y mejorar el control de fronteras, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en aprobar medidas transversales que faciliten el crecimiento empresarial y equiparen el entorno competitivo. Esto contribuirá a generar un entorno propicio para el desarrollo industrial y la atracción de inversión privada.