La pieza clave para reformar las pensiones, por David Tuesta

En su discurso de investidura, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha puesto nuevamente en agenda el tema de la reforma de pensiones. Esta, que ha sido varias veces propuesta y pospuesta, es de extrema importancia, más aún luego de las pésimas políticas públicas que terminaron aprobando varios retiros anticipados de los fondos de AFP, disminuyendo a la mitad los ahorros acumulados y dejando a más de 5 millones de afiliados con sus cuentas en cero.

Hizo bien Bellido en poner en relieve la bajísima cobertura del sistema de pensiones peruano, en la que menos del 30% cotiza activamente. La postergada reforma pensionaria nos viene dejando con un sistema excluyente que deja sin participar al 75% de los trabajadores que están fuera del mercado laboral formal.

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Esta crucial contrariedad es imposible de resolverse con la intensificación exclusiva de pensiones no contributivas. Una estrategia responsable y sostenible en el tiempo deberá propiciar que una mayor cantidad de ciudadanos se vayan sumando al mecanismo del ahorro.

Se equivoca, sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros al menospreciar el dañino efecto de los sobrecostos en el mercado laboral. Estos tienen fuertes impactos sobre la informalidad y la baja cobertura pensionaria.

Aunque reconociendo que el problema de la informalidad es multidimensional, la presencia de sobrecostos de contratación monetarios y no monetarios –como la “protección adecuada” establecida por el Tribunal Constitucional el 2001 que permite las reposiciones– que están desalineados de la productividad laboral han sido evidenciados como relevantes para el caso peruano por varias investigaciones (ver a Norman Loayza, Miguel Jaramillo y otros).

Al respecto, el economista Hugo Ñopo en una reciente publicación, resalta las grandes diferencias de los costos extrasalariales entre las empresas que pertenecen al régimen general –que tienden a ser más formales– versus los de los regímenes de microempresa y pequeña empresa. En la figura 1 se observa una comparativa regional de los sobrecostos versus los niveles de productividad laboral donde el Perú presenta la segunda brecha más alta después de Bolivia.

El también economista Santiago Levy, uno de los que mejor ha modelado esta problemática, insta a reconocer los sobrecostos laborales que incentivan la informalidad como el eje relevante a enfrentar en una reforma de pensiones.

Si nos fijamos en la figura 2, podemos apreciar un gráfico de burbujas, donde el tamaño de las circunferencias refleja la productividad laboral para una muestra de países latinoamericanos, resaltando la situación del Perú.

Al mismo tiempo, los ejes de la gráfica reflejan la relación inversa entre mayor informalidad y menor cobertura. Todos estos factores están detrás del éxito o fracaso de un sistema pensionario.

Acciones

No habrá sistema de pensiones inclusivo y sostenible si no se aborda el tema de propiciar una mayor participación contributiva de aquellos que están fuera de él.

Este punto tiene que ser la primera línea de la reforma, sin dejar de lado, por supuesto, la necesidad de plantear una estrategia para reconstruir el ahorro de los que retiraron anticipadamente sus cuentas individuales con el fin de tener una mejor oportunidad de enfrentar la jubilación.

En la misma línea se deberá abordar los problemas intrínsecos del sistema de reparto, así como continuar innovando y buscando eficiencias en el sistema de cuentas individuales donde la explotación de sus potencialidades necesita de un país que crezca vigorosamente, un buen régimen de inversiones, y la generación de mayor escala participativa, como lo evidenciaba en una pasada investigación.

Bellido ha anunciado también la conformación de una comisión para desarrollar esta reforma. Ello estará bastante bien en tanto recojan los diagnósticos técnicos que ya han sido desarrollados por diferentes organismos internacionales, así como otras comisiones de reforma en el pasado.

Si bien cada una de estas plantean diferentes recetas, habrá que tomar aquellas que se enfoquen en el serio problema de la informalidad en el Perú, pues los estudios que obvian este fenómeno nos llevan a caer en el riesgo de distorsionar más el mercado laboral.

La comisión deberá plantear una hoja de ruta clara en el tiempo que permita que la propuesta sea consensuada ampliamente. En búsqueda de ese consenso, no bastará incorporar en esta comisión solamente al Ejecutivo, al Legislativo y a los pensionistas, como dijo el Bellido, sino también a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y a demás actores relevantes del sistema.

Y todo ello sin olvidar sumar al gran colectivo de personas que no está representada por los actuales afiliados ni por ningún sindicato, que son los millones de trabajadores de las mypes, microempresa y el mundo independiente. Si lo que finalmente se proponga no da una solución a este amplio colectivo de trabajadores, las intenciones de reformar el sistema quedarán en nada.

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