Una semana antes de que el Ejecutivo disolviera el Congreso de la República, este último aprobó la ampliación de la Ley 27360 de promoción agraria hasta el 31 de diciembre del 2031. La norma —que incrementó el jornal mínimo de S/35 a S/39, el aporte a Essalud de 4% a 6% y las vacaciones de 15 a 30 días— debía ser enviada al Ejecutivo para que recibiera su autógrafa. Eso no aconteció y en el escenario actual el Gobierno prevé aprobarla vía decreto de urgencia (D.U.).
El Comercio conversó al respecto con el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro.
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Están a puertas de aprobar la ley de promoción agraria. ¿Qué aspectos técnicos están retrasando su aprobación?
Lo que se está evaluando, toda vez que no hay Congreso -si bien norma ya fue aprobada, por diversas circunstancias no fue elevada al Ejecutivo a tiempo-, es si calza dentro de lo que es un D.U. La parte legal es lo que se tiene que analizar para que más adelante no pueda ser cuestionada. Todo lo que es decreto de urgencia va a la revisión de la Comisión Permanente. [La Comisión] elevará su informe al nuevo Congreso que se instalará después del 26 de enero.
Para que calce, ¿qué modificaciones se podrían hacer?
Estamos viendo que se respeten las condiciones tal cual fueron aprobadas.
¿Se podrían agregar nuevos beneficios?
Hay cuatro y hasta cinco mejoras sustanciales. La idea es aprobar [el D.U. que amplía la ley de promoción agraria] tal como fue aprobada [la norma en el Congreso]. No queremos alterar nada; por el contrario, [queremos] fortalecerla para evitar cualquier situación adversa a esta propuesta que trae consigo mejoras sustanciales.
¿Qué plazos se han puesto desde el Gobierno para poder hacer este análisis legal?
Calculo que en dos o tres semanas máximo deberíamos tener algo mucho más aterrizado. Repito:[el motivo del plazo] no se debe al cuestionamiento a la norma, sino es el análisis y la adecuación propia para poder emitir un decreto de urgencia que tenga la relevancia que está norma como tal va a significar.
Como parte del presupuesto 2020, se acaba de crear el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) de S/100 millones. ¿Cómo y cuándo se desembolsará?
Es un fondo, manejado por Agrobanco, que va a permitir que el agricultor, que hoy accede a tasas [de interés] vía Agrobanco de entre 20% y 25%, pueda mejorar o absorber un diferencial de esa tasa para hacerlo más asequible para el pequeño productor. El tema de fondo no es solo agrícola, sino también pecuario y forestal.
¿Es un nuevo fondo o se alimenta de antiguos fondos?
Es nuevo. Sin embargo, de manera complementaria, a través del Fondo Agro-Perú para el próximo año tenemos S/300 millones para salir a financiar demandas de los pequeños agricultores con tasas flexibles, que en promedio podrían llegar a 10%.
Existen dos amenazas fitosanitarias latentes: ‘Dragón amarillo’ en cítricos y ‘Mal de Panamá’ en banano orgánico. ¿Cómo se preparan para un eventual impacto?
Con el Instituto Nacional de Innovación Agraria [INIA] venimos desarrollando una propuesta con nueva tecnología. Antes para buscar una variedad (resistente), una investigación se demoraba 12 años. Con el nuevo equipamiento que se va a adquirir [siete secuenciadores genómicos valuados en un millón de soles], esos 12 años se reducen a dos. Entonces, ya estamos preparados para una acción contingente.