Premier Galarreta afirma que será prioridad evaluar y acelerar la masificación del uso del gas natural

Durante su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció algunas de las principales prioridades del gobierno de Keiko Fujimori.

En materia de las medidas para fortalecer la infraestructura energética, el Premier sostuvo que ante la volatilidad de los precios de los combustibles, que ha reflejado nuestra alta dependencia a las importaciones, que es una vulnerabilidad a corregir, “una alternativa estratégica es el gas natural”. Esto debido a su disponibilidad y potencial para reducir costos y fortalecer su seguridad energética.

“Hoy existe un proyecto que involucra a 15 ciudades de la macrorregión sur, de siete regiones, incluida Ucayali (en referencia al llamado Proyecto Siete Regiones). Será una prioridad evaluar y acelerar las alternativas que permitan masificar el uso del gas natural, especialmente en el transporte público, para reducir nuestra dependencia externa y dar mayor estabilidad a los precios”, remarcó.

Así también, dijo que la infraestructura energética también tiene que acompañar el crecimiento. Es por ello, que - mencionó-hacia julio de 2027 se proyecta la entrada en operación de seis proyectos de generación que incorporarían 1,096 megavatios de capacidad instalada.

Se impulsará, además, una cartera de proyectos de transmisión. “Energía suficiente y confiable es competitividad para la industria, para el comercio y para las regiones. Coincidimos con la necesidad de transformar la matriz energética del transporte público, como ya lo han hecho otros países de la región”, dijo.

De otro lado, el sector Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, y tiene como referencia una cartera que podría superar los US$33 mil millones de inversión ejecutada al 2031.

En referencia a esto, señaló que no se presentará esa cifra como dinero que el Estado controla sino en reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales.