El Ejecutivo publicó la Ley 31897, norma que deroga la Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional (Ley 31876).
Dicha ley fue aprobada hace unos días en el Pleno del Congreso de la República por amplia mayoría y comunicada al Ejecutivo para su promulgación.
En opinión de la mayoría de parlamentarios, la ley generaba la limitación de la ejecución de obras por parte de los gobiernos regionales y locales, y generando una transgresión directa al proceso de descentralización.
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Patricia Juárez (FP), indicó que esto perjudicaba principalmente a las municipales provinciales y distritales más alejadas del país al ser afectadas su autonomía política, económica y administrativa al imponerse límites hasta un monto de 50 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como tope máximo.
La norma también prohibía, en el marco de la ejecución de una obra por administración directa, la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.
Como norma complementaria única, se incluye que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se aplica de forma transitoria la Resolución de Contraloría 195-88-CG, referida a normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa.
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