La Contraloría General de la República detectó, en septiembre del 2021, un sobrecosto de más de S/1.100 millones en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Así lo informó el contralor Nelson Shack en septiembre durante un informe de control sobre la contratación y ejecución de las unidades auxiliares.
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Dicho sobrecosto está vinculado, según explicó el contralor, a la contratación y ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios para el referido proyecto de US$5.718 millones. “El monto es la evidencia legal del reconocimiento que ha hecho Petroperú de todos los mayores gastos [en los que incurrió] el contratista por una serie de decisiones -atribuibles enteramente a Petroperú- para los temas técnicos y financieros”, explica.
Según refirió Shack, Petroperú decidió en el 2014 separar las unidades auxiliares del proyecto mismo. Sin embargo, explica dicha tercerización se realizó sin el análisis debido y evitando el reglamento de contrataciones. Luego, se convocó a contratación directa para las unidades auxiliares; pero “sin el análisis de factibilidad técnica, plazos, valoración de riesgos y sin preveer adecuaciones normativas necesarias”.
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“¿Quién paga todas estas decisiones que se han tomado a lo largo de todos estos 3 años? Siendo conscientes además que han pasado varios gobiernos con varios ministros y directores”, aseveró Shack.
Entre los 44 funcionarios, según detalló la Contraloría, se encuentran tres ex presidentes del directorio de Petroperú, catorce miembros de directorio y 25 funcionarios que ocuparon diversos cargos en las gerencias de refinación, corporativo legal, entre otros. No obstante, Shack explicó que la responsabilidad sobre estos funcionaros solo resulta administrativa y no penal.
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