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Como si estuvieran buscando batir un récord, la semana pasada el Congreso sumó su tercera sentencia de inconstitucionalidad en menos de un año. Primero fue la norma que eliminaba el cobro de peajes, luego la que proponía ascensos automáticos para el personal de salud y ahora la ley para ‘devolver’ aportes a los afiliados a la ONP.

Como se recuerda, durante varios meses del año pasado el Legislativo promovió una propuesta sin sustento técnico para repartir dinero a los afiliados y jubilados a la ONP (con un costo de casi S/16 mil millones, según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas). La medida finalmente se aprobó en diciembre por insistencia con 87 votos a favor.

MIRA: Ley de devolución de ONP: los argumentos del Ejecutivo y el Congreso que definieron la sentencia del TC

Lo que la norma buscaba era que los afiliados activos e inactivos al sistema previsional del Estado reciban hasta S/4.300 por la pandemia con cargo a sus aportes, los jubilados S/930 y aquellas personas que a los 65 años no alcanzaran una pensión sean reintegradas con la totalidad del dinero contribuido. ¿Y cómo se financiaría todo esto? Ni idea, pero ese no era un problema que preocupara al Congreso.

Y es que, pese a que se les explicó de mil maneras que esos recursos no existen (los fondos aportados a la ONP se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales), a la mayoría de parlamentarios no le interesó evaluar la viabilidad de la propuesta. Tampoco importó que el Ejecutivo presentara una alternativa que sí podía ser llevada a cabo.

Con un precedente como ese, la sentencia del Tribunal Constitucional no sorprende. Pero no es solo que con esta decisión le hayan recordado al Legislativo que no tiene iniciativa de gasto. También le han dicho que su medida tenía vicios de inconstitucionalidad en lo relacionado a la intangibilidad de los fondos de pensiones, la sostenibilidad financiera de los regímenes pensionarios, la administración de la hacienda pública y el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Es decir, la norma estaba mal hecha por todos lados.

Además, como para que no quede ninguna duda, la decisión de los magistrados fue unánime. Incluso la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, fue más allá y criticó el actuar de los congresistas porque, pese a que sabían que la iniciativa no estaba presupuestada y que ejecutarla sería imposible (los mismos legisladores aprobaron la Ley de Presupuesto 2021), se insistió con el despropósito. “[Es] preocupante porque se juega con las expectativas de los ciudadanos”, afirmó la jueza.

El problema, sin embargo, parece ir precisamente por ese lado. Y es que, una vez conocida la decisión del Tribunal, algunos de los parlamentarios que más bulla hicieron para sacar adelante la medida no se detuvieron siquiera a escuchar por qué les habían dicho que no era viable.

La congresista de Podemos Perú y candidata al Parlamento Andino Cecilia García, por ejemplo, afirmó que el organismo estaba “devolviendo favores” y que lo que no pudieron hacer desde el Legislativo lo alcanzarían desde el Ejecutivo. Mientras que su compañero de bancada Daniel Urresti utiliza ahora la sentencia para prometer que la corregirá de ganar las elecciones presidenciales (aunque para ello primero tiene que resolver los problemas con su propia candidatura).

¿En algún momento les interesó a estos congresistas entender por qué no se podía devolver el dinero a los afiliados a la ONP? No lo creo, porque pudieron buscar otra solución y no quisieron hacerlo. Lo único que parece importarles es presentarse ante los más de cuatro millones de votantes inscritos en la ONP como abanderados de una causa para seguir jugando con su ilusión. Eso, al menos hasta que pase la primera vuelta.

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