El sismo ocurrido en la noche del martes y con epicentro en el distrito de Mala (Cañete, Lima) ha puesto de manera forzada las miradas sobre las medidas de prevención ante desastres naturales que llevan a cabo las autoridades en el país.
Para este año, el Gobierno asignó casi S/130 millones para actividades y proyectos de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres –mediante la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes)–. Según los últimos registros, solo se ha gastado poco más del 15%.
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Más del 70% de estos recursos son para las municipalidades, que han gastado –en acumulado– solo S/5,4 millones. Es decir, menos del 6% del presupuesto, cuando ha transcurrido casi la mitad del año.
Esta ineficiencia en el gasto en medidas de prevención ante desastres parece ser una constante. En el 2019, sin restricciones por la pandemia, los recursos vía la comisión multisectorial fueron S/322 millones.
Al cierre de dicho año, entre los tres niveles de gobierno, el avance promedio fue solo de 51,3%.
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Miguel Yamasaki, director de Preparación del Indeci, dijo que, en el marco de la necesaria descentralización para actuar ante emergencias, se le ha dado un rol importante a los gobiernos locales; pero su respuesta no ha sido la esperada.
“En muchos casos no los utilizan adecuadamente [los recursos destinados para la prevención de desastres]. Este presupuesto es para reducir los riesgos, pues los trabajos [de este tipo] sirven para evitar daños mayores”, criticó Yamasaki, en entrevista con Canal N.
URGE PROACTIVIDAD
Los expertos consultados coinciden en que las políticas de gestión de riesgos de desastres en el país todavía están muy atrasadas.
Milton von Hesse, extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló que urge cambiar la visión de centrar las políticas públicas en ejecutar obras para mitigar los riesgos, pues estas terminan siendo solo un paliativo de un problema estructural.
“La verdadera gestión es incorporar una visión de desarrollo urbano, uno integral y trabajos orientados a la ocupación de territorios que no sean peligrosos”, dijo.
Von Hesse señaló que esto no implica abandonar los trabajos de prevención, sino evitar que muchas personas pasen a situaciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, en el escenario de medidas de prevención también figuran trabas.
Para Patricio Valderrama, especialista en prevención y gestión de riesgos de desastres, la primera observación es que se realizan más acciones de atención ante la emergencia que de prevención.
“Somos reactivos, pero deberíamos ser proactivos. Por ejemplo, sobre las lluvias, ¿por qué no se hacen obras a mitad de año cuando no hay ni una gota? Pero se esperan los desbordes de los ríos”, comentó.
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Otro factor es que para las autoridades no resulta rentable políticamente este tipo de obras, lo cual se evidencia en su poco interés por ejecutarlas.
“Para un alcalde es más fácil y políticamente rentable ir a repartir frazadas y carpas cuando ya ocurrió el desastre que construir muros o diques de contención, cuyos resultados en la sociedad no se ven de inmediato”, criticó.
Al respecto, Von Hesse contó, por ejemplo, que durante su gestión se inició un programa de entrega de bonos para el reforzamiento de viviendas, pero no tuvo mayores avances por el efímero interés de los alcaldes.
¿Y LA RECONSTRUCCIÓN EN PISCO?
El sismo registrado recientemente también ha puesto el foco de atención en la capacidad de respuesta del gobierno ante un eventual movimiento que genere mayores estragos. Especialistas han indicado, incluso, que la región continúa con un silencio sísmico, pues se espera un movimiento de mayor magnitud.
En este sentido, conversamos con Luis Vila González, gerente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, para conocer la situación de la reconstrucción de Pisco, ubicada en dicho región, luego de casi 14 años de haber sido el epicentro de un terremoto de 8 grados.
¿Cuál es la situación de la reconstrucción de Pisco desde el terremoto del 2007?
El 17 de agosto, van a cumplirse 14 años del terremoto de Pisco, que tuvo consecuencias muy graves, tanto en vidas humanas como materiales. La presencia del Estado, con los sucesivos gobiernos de turno en este periodo, no tuvieron el impacto esperado. Lo más irónico es que, a pesar que el modelo no funcionó (Forsur), lo replicaron en la Reconstrucción del Norte, en respuesta a los daños ocasionados en las inundaciones ocurridas por el Fenómeno de El Niño del 2017.
En la actualidad, existen obras que no se han ejecutado por problemas de saneamiento físico legal, así como de viviendas. Estos son uno de los problemas heredados de las gestiones anteriores, ocasionados en algunos casos por los damnificados y en otros por la lentitud del organismo encargado. Un caso que demuestra la inoperancia del Estado es la destrucción del Malecón de Pisco, debido a un fuerte oleaje y al mal diseño de esta obra.
Me parece importante destacar la labor de la empresa privada y de la población de Pisco. Su infraestructura dañada/destruida ya fue reconstruida. Han apoyado también con recursos a la mejora de la infraestructura de la ciudad, como es el caso de Plus Petrol, así como también otras gestiones relacionadas a temas de agua y desagüe que viene efectuando el actual alcalde Juan Mendoza ante el Ministerio de Vivienda.
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—¿Cuál es el avance respecto a la meta fijada en el 2007?
En la actualidad, la ciudad de Pisco tiene un 80% de sus vías asfaltadas. El 20% restante no se ha podido concluir por ahora, debido a que las instalaciones actuales tienen que ser renovadas. Esa gestión, como lo mencioné en mi pregunta anterior, está siendo gestionado por el alcalde de Pisco. Sin embargo, esta situación es diferente en los distritos de Pisco, a excepción de Paracas, pues lamentablemente no cuentan con los recursos para cubrir esta brecha de agua, desagüe, pistas y veredas.
—¿Cuántas familias siguen viviendo en casas provisionales?
De acuerdo con datos al 2019, alrededor de 10.000 familias en Pisco aún viven en casas provisionales. Esto es el reflejo de que el Estado no ha llegado a esta población y ,como consecuencia, no pueden tener una vivienda digna después de tantos años de ocurrido el violento terremoto que sacudió a Pisco.
DATO
- 2,5 millones de viviendas en Lima y Callao quedarían expuestas ante un sismo de 8,8 grados, según el reporte “Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8,8”, elaborado en el 2017 por el Indeci.
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