El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el lunes que estarían elaborando una resolución para poner tope a los precios de los medicamentos para tratar el COVID-19 y pruebas de descarte del virus, esto debido a que se habrían detectado casos de encarecimiento de estos productos.
Pablo Lavado, profesor de la Universidad del Pacífico, señaló que los precios están determinados tanto por lo que sucede en el mercado interno como en el externo, costos de producción y la fuerte demanda que está habiendo de estos productos.
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Así, ponerles topes a los precios no sería viable no solo por el sentido antitécnico de su regulación sino porque perjudicaría a quienes menos recursos tienen, ya que originaría un mercado negro en el sector, señala Lavado.
Sobre ello, Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, afirmó que, cuando se han querido tomar estas medidas en el mundo (tope a precios de productos y servicios) el resultado ha sido el mismo: se genera desabastecimiento y mercados negros con precios más altos de los que habían antes de la regulación, mientras los precios estén fuera del equilibrio.
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“Que suban los precios es la única manera que tiene el mercado para soportar cambios violentos en la demanda. Si el precio es alto y no se puede vender por la regulación, el fármaco terminará en el mercado negro, siendo más caro y riesgoso para el consumidor”, afirmó.
Reunión con los gremios
Eduardo Morón, presidente del directorio de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), señaló que el aumento del precio de la canasta de medicamentos para el tratamiento del COVID-19 solo subió entre 5% y 6% en el 2021 y este sería el mejor indicador de que, efectivamente, no hay un problema de abuso en el incremento de los precios.
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Asimismo, indicó que en la reunión sostenida con el ministro de Salud realizada el último lunes 17 de enero, se trajo a colación que dicha canasta de productos mantendría sus precios, por lo que no ve ninguna razón para que se vuelva a hablar del tema.
“No sirve mantener un tope de precios ya que se ha demostrado no ser un instrumento eficaz para reducir el problema de falta de oferta. Se requiere ampliarla, aunque es más complicado, pero es lo que resolverá el problema”, añadió.
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Carla Sifuentes, directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), afirmó que durante la reunión sostenida con el ministro Cevallos, compartieron su iniciativa de mantener un auto tope de precios desde hace dos años, medida que saludó el ministro y que pidió sea difundida para brindar tranquilidad a la población.
“Por el lado de las cadenas de boticas, y esto se puede corroborar a través del Observatorio Peruano de Productos Farmacéutico de la Dirección General de Medicamentos (Digemid), se ha cumplido con la promesa de no elevar los precios en estos dos años de pandemia”, aseguró.
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Por otro lado, dice Sifuentes, es importante considerar que, a raíz de la tercera ola de contagios, los propios trabajadores de las cadenas se han visto afectados y esto ha recaído sobre la velocidad de reposición de los medicamentos, lo que no significa que haya escasez, sobre todo de paracetamol, aclaró.
“Los esfuerzos a nivel de conversación se han dado y estamos en coordinaciones con el Ministerio de Salud con una agenda muy propositiva, pero nos llama la atención el anuncio de este tipo de medidas porque requieren un mayor debate técnico”, señaló.
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Previsión y provisión
Morón explicó que se observa a nivel global interrupciones en las cadenas de distribución, algo que justificaría un incremento en el costo de traer los productos y el desabastecimiento. La situación, sin embargo, es temporal. Por ello, debemos preocuparnos porque haya un adecuado suministro de medicamentos, pruebas y camas UCI.
“Si esa es la razón de fondo, ¿qué resuelve un control de precios? Nada. Se están equivocando en el mecanismo de solución pues la respuesta correcta es buscar mayor aprovisionamiento en la medida que los diferentes países empiecen a salir, unos antes que otros, del impacto de la variante Ómicron”, señaló.
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Para Lavado, el tema de la tercera ola se venía discutiendo desde noviembre y diciembre del año pasado por lo que el Estado debió haber previsto un posible desabastecimiento. Hoy, dice, el Estado debe realizar compras por emergencia para solucionar la situación. Además, resaltó que el desabastecimiento se da también en el sector privado.
El economista aseguró que no existen mecanismos legales para poner topes de precios en estos momentos y tan rápidamente. “De hecho, es un punto importante porque podríamos pensar que es un mensaje no creíble de parte del ministro”, afirmó.
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Asimismo, para Cuba, habría que analizar el costo del monitoreo que va a realizar el Estado para asegurar que la medida a imponer se cumpla, además de la viabilidad en términos legales porque los precios en el Perú son libres.
“La pregunta es, si ya sabes el resultado ¿por qué lo haces? Las autoridades políticas tienen que responder al público haciendo algo y el culpable siempre será la empresa que no cumple la ley”, señaló.
Para Sifuentes, hablar de control de precios requiere que se evalúe bien cuál es la causa del problema, y si se percibe que puede haber especulación, es porque la población no está encontrando abastecido al Estado. Si hay una falta de oferta, agregó, el control de precios no cumple con el objetivo de que la población tenga acceso rápido a las medicinas y pruebas.
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Precios congelados
Cabe recordar, que las cadenas de boticas Inkafarma y Mifarma anunciaron el pasado 18 de enero que mantendrían los precios de los medicamentos para el tratamiento del COVID-19, congelados.
Asimismo, garantizaban el abastecimiento y reposiciones de los medicamentos dentro de lo posible debido al incremento de demanda de algunos productos.
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