“Recibimos la preocupación de autoridades locales con respecto a los 236 beneficiarios del distrito de Napo, en la región Loreto, y 106 beneficiarios del distrito de Iparía, en la región Ucayali, debido a que las agencias bancarias asignadas para el cobro del bono se encuentran a más de seis horas de viaje por vía fluvial”, precisó la Defensoría del Pueblo, el año pasado, en un informe sobre las dificultades y recomendaciones para la entrega de bonos en el contexto del COVID-19.
Las transferencias del Gobierno para contrarrestar la pérdida de ingresos de los hogares, a causa de las medidas sanitarias, no llegaron con la urgencia que se requería o simplemente no llegaron. ¿Por qué? En parte, porque los beneficiarios no tenían cuentas en las entidades financieras o la infraestructura disponible para el cobro estaba muy lejos de sus domicilios.
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Como se ve, pese a ser un servicio esencial, la inclusión financiera es un gran pendiente en nuestro país. Pero, ¿qué tan mal estamos?
El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, que estudia la problemática de este servicio en la región, a partir de la muestra de siete países, revela que el Perú se encuentra en el penúltimo lugar en inclusión financiera. Solo supera a México.
El índice, que desde la perspectiva de los usuarios mide el acceso y uso de los servicios financieros, así como la calidad percibida del sistema, da cuenta de que el Perú se encuentra en un estado crítico en las dos primeras dimensiones de la evaluación.
Una situación que, según Carolina Trivelli, ex ministra de Inclusión Social, obedecería a la falta de presencia del sistema financiero en muchos lugares del país, sobre todo en zonas rurales de mayor densidad, y a la falta de interoperabilidad del sistema, lo que conlleva a usar efectivo.
“Una vez que pongo el dinero en el sistema no puedo moverlo sin fricciones. ¿Por qué?, porque la Cámara de Compensación Electrónica o es cara o demora, o en algunas horas no atiende. Porque de Plin o Yape no puedo transferir a BIM, o de BIM a una cuenta de ahorros, o si hago un depósito en la Caja Maynas no puedo retirarlo en la Caja Los Andes. Hay un problema muy serio de interoperabilidad en el Perú”, ilustra Trivelli.
Además, hay que indicar que, de los 1.000 distritos ubicados fuera de Lima y Callao, cuya incidencia de pobreza es superior al 35%, en el 2011, solo 147 tenían al menos una sucursal financiera. En el 2020, la cifra avanzó apenas a 164.
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“Los resultado [del índice de Credicorp] no son sorprendentes, es lo que se esperaría; estamos en donde tendríamos que estar, en la parte baja de la tabla. Esto nos reafirma la necesidad de que tenemos que hacer más, tenemos que tener una mejor estrategia, comprometernos y discutir qué es lo más efectivo para salir de la situación”, precisa.
Según el índice, que evaluó a Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú, países en los que opera Credicorp, así como México y Ecuador, el perfil de una persona menos incluida financieramente es una mujer, mayor de 60 años, de nivel socioeconómico bajo, que vive en la zona rural y no tiene estudios o solo son primarios; mientras que el perfil de una persona con mayor inclusión es un hombre de entre 18 y 25 años, del NSE alto, que vive en las grandes ciudades y tiene educación superior.
Sobre una escala de 0 a 100, el índice global para la región se ubicó en un nivel medio bajo con 38,3 puntos. La puntuación del Perú llegó a 37,9. El máximo resultado fue alcanzado por Panamá con 52,2 puntos y el mínimo por México con 35 puntos. El diseño y análisis del índice fue elaborado por Ipsos Perú.
Productos asequibles
Según dimensión, en el caso del nuestro país, la variable “uso” registró el peor puntaje (22,7 puntos) en comparación con las otras dos analizadas. Le siguió la categoría acceso con 34,3 puntos y calidad percibida con 56,8 puntos. Además, la dimensión uso presenta las mayores brechas.
Para darnos una idea de la problemática, en promedio, la dimensión uso en la región alcanzó los 24,6 puntos, vale decir, 1,9 puntos por encima del Perú. En el caso de las mujeres, esta categoría llegó a los 21,1 puntos, en las personas mayores a 60 años a los 15,1 puntos, en las que viven en la zona rural a los 15,9 puntos, en las personas de nivel socioeconómico bajo a los 15,9 puntos y en la población sin estudios a los 4,2 puntos.
Según las encuestas que determinan la medición de esta categoría, más del 90% de la población usa efectivo en el Perú para pagar la compra de bienes y servicios esenciales como alimentos, productos del hogar, productos para uso personal y alquileres.
El dossier revela, además, que el 70% de peruanos no cuenta con un crédito en el sistema financiero formal. Por otro lado, el 35% señala que sus ingresos no les alcanza para ahorrar.
A decir de Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, lo anterior, junto a la percepción de las personas de no necesitar el sistema financiero, es una de las principales barreras de los usuarios para no participar en este, lo que demanda que las entidades se acerquen más a las personas, reduciendo los costos de transacción y poniendo a su disposición productos y servicios más asequibles.
Justamente, la falta de productos asequibles, como señala Pasquel, puede conllevar a las personas a la decisión legítima de no incluirse financieramente.
Trivelli detalla que participó en un proyecto de ahorros de mujeres rurales, en la sierra sur, en el que a pesar de los conocimientos que ellas habían adquirido sobre el funcionamiento del sistema financiero, la oferta y beneficios de los productos, el papel del banco central y la SBS, decidieron cerrar sus cuentas de ahorros porque o les pagaban muy poco por estos o tenían que movilizarse muchas horas para llevar el poco dinero que tenían.
“El mensaje del índice es: los clientes y los usuarios potenciales del sistema necesitan de productos y servicios ‘customizados’”, precisa Trivelli.
La exministra de Inclusión Social indica que la tecnología permite ofrecer servicios customizados a cada cliente a un costo razonable, pero se requiere de información y esta es alcanzable.
Trivelli recuerda que el Estado ha invertido 10 años para que las señoras beneficiarias del programa Juntos abran sus cuentas y sepan usar sus tarjetas de débito, con lo cual ya se cuenta con información de ellas.
“Ellas (las beneficiarias de Juntos) fueron las primeras en cobrar sus bonos. Fueron al cajero cuando les avisaron que estaba su bono y listo, cobraron. El producto que tienen lo saben usar y ahora se les puede ampliar los servicios. Si ellas que son las mujeres menos educadas, más alejadas, más pobres, pueden, los demás también pueden”, resalta.
En cuanto a la evaluación de la calidad percibida del sistema financiero por los usuarios, el director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, sostiene que, si bien los resultados no son tan malos frente a las otras dimensiones, sí están por debajo del promedio regional. Además, la desviación del promedio es mucho mayor en la evaluación de la imagen de las entidades financieras.
“Esto podría pasar o porque la gente cree que los créditos son muy caros o que pagan una baja tasa pasiva, etc. Esas razones quedan por evaluar”, añade.
El interés de Credicorp
Tanto para Trivelli como Odar, así como para Diego Macera, gerente del IPE, es importante que una empresa privada, cuya operación impacta en la inclusión financiera, haga el esfuerzo de leer y entender en dónde están los desafíos.
De acuerdo con Pasquel, Credicorp ha llegado a la conclusión de que si su estrategia comercial no está alienada con el desarrollo más profundo e inclusivo de la sociedad, sus posibilidades empresariales serán limitadas. Por ello, cada una de las empresas del holding tiene metas concretas y medibles para aumentar la inclusión financiera.
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“La métrica de Yape no es solo tener más ‘yaperos’, sino tener más usuarios que nunca habían sido parte del sistema financiero”, resalta Pasquel.
Para Trivelli también se necesita de que las empresas del sistema financiero se tracen metas de infraestructura, cobertura geográfica y sobre todo de interoperabilidad.
“La ventaja del efectivo, por ejemplo de mis 20 soles, es que todos me lo aceptan sin importar de dónde vienen. No importa quién me los dio de vuelto, si los retiré del banco, me lo prestaron, etc. Mis 20 soles son totalmente interoperables. Con lo cual si queremos competir con el cash, tenemos que ser como el cash”, reflexiona la economista.
Como se puede ver, el derrotero está trazado y depende de los actores públicos y privados alcanzarlo. El tiempo corre en contra.
¿El Banco de la Nación es la solución?
Ante la problemática en el frente financiero, cuya oferta es sobre todo privada, podría surgir la tentación de que el banco estatal compita en el sistema para resolver el problema.
Para Trivelli, el Banco de la Nación tiene un papel fundamental en la inclusión financiera del país, por su presencia en los lugares más excluidos, sin embargo, debe participar en donde puede aportar más, como la estrategia lanzada mediante la cuenta DNI, que articula las billeteras electrónicas de los privados.
Para Odar, la participación del Banco de la Nación en la oferta de créditos no solo sería desleal, sino generaría un grave daño en la cultura de pago de las personas, clave para impulsar la inclusión financiera.
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“La competencia no es solo para bajar las tasas de interés, sino para mejorar las condiciones. El Banco de la Nación no tiene el expertise, ni la experiencia, ni el personal para competir con el sector privado”, dice Trivelli.
A decir de Macera, para derrumbar las barreras estructurales en la penetración financiera, identificadas por el índice de Credicorp, se requiere de una estrategia conjunta y colaborativa público-privada. “Mientras el sector público pone regulación adecuada, infraestructura básica, un marco de competencia e incentivos correctos, el sector privado aporta con dinamismo, conocimiento de mercado, innovación y capital”, subraya Macera.
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