Durante la tarde de ayer, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el cobro de los peajes operados por Rutas de Lima en Puente Piedra. El fallo responde al hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Puente Piedra y por el ciudadano Ramón Lucianeti Pairazamán, en el que reclamaban que la unidad de peaje Chillón vulneraba el derecho al libre tránsito de los vecinos del distrito.
“Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cometieron un agravio manifiesto, directo, tangible, visible, masivo y generalizado del derecho fundamental al libre tránsito de los pobladores y residentes de Puente Piedra. [...] En los hechos, el pago del costo del peaje se ha convertido en la práctica en un contrato forzoso que [les] limita la libertad de transitar dentro de su mismo distrito”, señala la sentencia.
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Rutas de Lima es la encargada de la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. Su accionista mayoritario es la canadiense Brookfield Asset Management, mientras que los minoritarios son OEC (antes Odebrecht) y Sigma SAFI. Desde el 30 de enero pasado, la empresa no viene cobrando los peajes de Puente Piedra.
“[La vulneración] se agrava si se tiene en consideración que la tarifa del peaje ha venido incrementándose paulatinamente. Tanto es así que tras casi diez años de concesión, la última tarifa cobrada por Rutas de Lima era superior al doble de lo que costaba al otorgársele la concesión”, agrega el fallo.
Por estos motivos, el TC ordenó a la empresa suspender el cobro del peaje “hasta que se adopten las medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes”. Actualmente, la Fiscalía de Lavado de Activos investiga los pagos de Odebrecht a funcionarios de la comuna durante la gestión de Susana Villarán. En total, la firma brasileña delató haber pagado alrededor de US$700 mil por la “Concessao Rutas de Lima”.
Para Roger Zavaleta, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, este ordenamiento deja las puertas abiertas a que en un futuro se pueda retomar el cobro si se concreta la construcción de vías alternas al peaje.
“La sentencia señala que se vulnera la libertad de tránsito de los vecinos y que, mientras se vulnere, se suspende el cobro. Es decir, si hay una vía alterna razonable con el tiempo de tránsito y la distancia”, aseguró.
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Fabiola Morales, regidora de la MML, saludó el fallo del TC y destacó que “por primera vez un alcalde [Rafael López Aliaga] no se opuso al pedido de los ciudadanos”.
“El TC ha tenido en cuenta las necesidades concretas de los vecinos de Puente Piedra. Las personas ahí son en general de bajos recursos y tienen que pagar un peaje para entrar a su propio hogar o para ir al trabajo. En ese sentido, estamos de acuerdo y contentos, porque se ha escuchado”, dijo.
A pesar de esto, para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, la sentencia crea una jurisprudencia en la que un hábeas corpus puede ser presentado por un ciudadano si considera que cualquier concesión afecta sus derechos fundamentales. Eso afectaría la seguridad jurídica para las inversiones.
“La suspensión contradice lo que se ha establecido en un contrato de asociación pública-privada, protegido por el artículo 62 de la Constitución. Eso significa que en el futuro se pueden suspender los actos acordados de cualquier contrato que se firme a través de procesos judiciales. Eso crea un nivel de incertidumbre bastante alto para las inversiones”, cuestionó.
¿Se abrirá un Arbitraje?
A través de un comunicado, Rutas de Lima advirtió que el fallo vulnera la Constitución y sus derechos como parte de un contrato de concesión. Además, señaló que lo resuelto por el TC “sienta un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de inversiones [...] pues genera inseguridad jurídica”.
Asimismo, indicó que se reserva “el derecho de implementar las acciones legales a nivel local e internacional para defender sus derechos”.
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Para Cárdenas, la única salida a la controversia es el arbitraje internacional. Agregó que es muy probable que este sea ganado por Rutas de Lima debido a la afectación del contrato fuera de sus mecanismos de solución de disputas.
“Lo que va a pasar es que los peajes que no se cobren van a ser reclamados vía arbitral y Rutas de Lima será compensada por el daño. Eso lo pagará la MML, pero no necesariamente será esta gestión. Puede ser la siguiente o la subsiguiente. Y ese dinero lo pagamos todos los contribuyentes de la MML”, indicó.
Consultada al respecto, Morales minimizó la posibilidad de un arbitraje y señaló que hay amplios indicios para que el Poder Judicial determine que la concesión de Rutas de Lima no tiene legitimidad por prácticas corruptas entre la otrora MML y la empresa. “En este momento Rutas de Lima no ha ganado. En este momento ha perdido y esa es una señal de lo que pasará a futuro”, sentenció.
