Seguridad para el desarrollo, por Susel Paredes

La Constitución Política del Perú señala que la paz es un derecho fundamental. Es decir, el Estado debe garantizárnosla, a través de la seguridad. Sin embargo, el crimen, la violencia y la inseguridad ciudadana violan nuestro derecho a vivir en paz y nos quitan también las posibilidades de crecer y prosperar.

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El crimen somete a nuestras familias al temor de ser asaltados y sufrir violencia sexual en nuestras casas. Interrumpe nuestros proyectos de vida, deja a los nuestros con secuelas físicas y psicológicas, y destruye el esfuerzo de las empresas y pequeños emprendimientos.

La inseguridad tiene implicancias económicas: aumenta los costos de los bienes y desalienta nuevas inversiones. Son dos cuestiones centrales en el actual contexto de crisis económica y sanitaria. Por eso, es indispensable que el Estado recupere el espacio tomado por el crimen y los poderes fácticos; eso ayudará a la reactivación económica y a la generación de empleos dignos.

En esa misma ruta, la Policía Nacional del Perú requiere una reforma integral. Si bien es imposible que este gobierno de emergencia y transición asuma esta enorme tarea, debe ser una cuestión prioritaria en el próximo gobierno. Esta reforma debe tener como horizonte mejorar la relación entre la Policía y la ciudadanía, dando mejores condiciones para una labor eficaz y efectiva.

Por ello, la PNP cuenta ya con programas de acercamiento comunitario como Vecindario Seguro, así como otros programas que articulan a distintos sectores como Barrio Seguro. En este contexto de emergencia, debemos reforzar este acercamiento para que los barrios sean lugares tranquilos desde los que se pueda impulsar la reactivación económica. También es importante considerar el trabajo de las comisarías a través de sus sistemas de patrullaje, vigilancia, y asistencia a los emprendedores, que son los más vulnerables.

El trabajo de inteligencia estratégica y operativa es fundamental. Con el adecuado soporte tecnológico y respetando los Derechos Humanos, debemos anticiparnos a los hechos delictivos y dar golpes certeros, asegurándonos que no se produzcan liberaciones o indultos indebidos de delincuentes. Un ejemplo de esto es la excelente labor que la PNP y el Ministerio Público han hecho con los megaoperativos que desarticularon grandes organizaciones criminales, como la llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, que permitió la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos que fortalecer el trabajo interagencial contra el crimen.

Resumiendo, la seguridad es un derecho y un servicio básico obligación del Estado.

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