Laura Albaine: “El Perú ha avanzado muchísimo con las leyes de paridad y contra el acoso político” | ENTREVISTA

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Para abril de este año, se publicó también la Ley N° 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Con ella, se establecen medidas multisectoriales para proteger y promover la importancia de la participación femenina en la política. Además, se fijan multas para quien hostiliza, perturba, impide, anula u obstaculiza este derecho. Estas sanciones son reguladas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Laura Albaine es una politóloga argentina que se ha especializado en estudiar los fenómenos de violencia y discriminación que atraviesan las mujeres en el ámbito político. Esta primera semana de julio, conforma el panel del curso “El poder de nuestra representación”, por invitación de ONU Mujeres para charlas académicas dirigidas a las congresistas electas.

El evento también es organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Albaine, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, destaca que, junto a Perú, solo Bolivia y Panamá cuentan con leyes específicas para progresivamente erradicar el acoso político. También señala que ninguno de estos cambios habrían sido posibles sin el activismo de organizaciones de mujeres. Sin embargo, reconoce también los desafíos que implican.

—El Congreso peruano por instalarse tendrá el número más alto de mujeres parlamentarias (49). Este es un efecto inmediato y notorio de la puesta en vigencia de la Ley de Paridad y Alternancia, que cuando se formulaba, recibió varias críticas. Inclusive, algunos parlamentarios y también parlamentarias sostenían que se conflictuaba con la meritocracia. ¿A qué apuntan este tipo de normativas, además de a un incremento en la representación?

Bueno, el hecho de la resistencia es muy común. Esta es una ley que, como en otros países de América Latina, genera oportunidades institucionalizadas para que las mujeres accedan a espacios donde históricamente no solían ser integradas. Cuando hablamos de listas de candidatos, que es en donde rige esta paridad y esta alternancia, vemos antecedentes de muchos obstáculos para la selección, la nominación, el financiamiento [de campañas]. Todo esto, acompañado de prácticas de discriminación y exclusión hacia las mujeres con respecto a sus derechos políticos y electorales en condiciones de igualdad con sus pares varones.

Entonces, la ley ayuda a visibilizar las problemáticas e identificar y desnaturalizar esas prácticas discriminatorias que históricamente han sido consideradas como normales, conocido como “el costo de hacer política”.

—¿Cómo debería entenderse e identificarse el acoso político? ¿Es solamente el hostigamiento hacia las mujeres dentro del ámbito político?

En el caso del acoso político, no es un problema que está aislado. Es un problema que tiene correlato con lo que pasa a nivel social, con la violencia de género y las prácticas discriminatorias de género. Entonces, ese origen impacta también en la dinámica político-electoral y, más concretamente, en la dinámica parlamentaria. Hay que entender que la Ley N° 31155 [Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política] establece que el acoso político con base en el género se produce bajo prácticas de hostigamiento, discriminación y acoso hacia las mujeres políticas por su condición de tales. Por ejemplo, hay prácticas que las afectan desproporcionadamente frente a sus pares, tales como la cosificación, la sexualización y el ciberacoso.

Con esto, quiero decir que no todo es violencia política de género, sino que tenemos que tener en cuenta la configuración: el motor impulsor de esos actos de violencia son por el hecho de que la persona es mujer y es una mujer que, además, está ejerciendo sus derechos en un espacio que, históricamente, se ha construido como un ‘espacio masculino’. Ahora, también en esto cuenta una responsabilidad de los medios de comunicación, que por malas prácticas otorgan un trato diferenciado a los hombres políticos y a las mujeres políticas. Sobre ellas, por ejemplo, hay mayor tendencia a revisar y exponer su vida privada o de reproducir los malos tratos que reciben en el fuero parlamentario; todo con base en estereotipos de género.

—¿Cuál es el mejor mecanismo para erradicar progresivamente el acoso político?

Primero, hay que entender que el acoso político y el acoso político electoral funcionan como métodos de expulsión de las mujeres del espacio político. Ahora, con las mujeres parlamentarias que han sido electas en Perú recientemente, la propuesta de nuestro curso es brindar las herramientas sobre cómo podrían actuar frente a un caso de este tipo a nivel de la institución parlamentaria. Hay experiencias en la región donde se han conformado comisiones especiales de investigación para denunciar específicamente este tipo de actos. También hay protocolos al interior de las asambleas nacionales o Congresos con el propósito de definir un proceso administrativo que resuelva casos como esos. Entonces, hay posibilidades para actuar y buscar justicia dentro del fuero parlamentario. Pero en lo que también incidimos es que, sin perjuicio de eso, se generen estrategias de sororidad. Y aquí es importante decir que las mujeres parlamentarias, independientemente de su pertenencia o ideología partidaria, generen consensos contra la violencia de género.

—Hace unos meses, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio publicó un informe en donde, además de cifras sobre el bajo nivel de representación de mujeres en espacios de poder, se recogían testimonios de aquellas que hoy ocupan los puestos más importantes en el Ejecutivo, el Legislativo o la judicatura. Todas coincidían en que una de las muestras más comunes de discriminación hacia ellas tenía que ver con el prejuicio de minimizar sus talentos o capacidades. ¿Eso podría entenderse como una vía o una condición hacia el acoso?

Claro. Aquí estamos hablando de una institucionalización de la violencia de género. Es de destacar que el Estado tiene el deber de actuar, no sólo por las normas nacionales que existen en términos de violencia de género y de participación política, sino por los compromisos internacionales que han asumido. Estas conductas son comunes. Y, en ese entendimiento, por supuesto que podemos destacar que no solo los hombres ejercen violencia o acoso político contra las mujeres en la vida pública. Hay mujeres también que son funcionales al sistema patriarcal y que, cuando ven a una mujer que se sale de los estereotipos de género tradicionalmente destinados a hombres y mujeres, puede ejercer también una forma de discriminación contra otra de su mismo género. Yo creo que el Perú ha avanzado muchísimo con las leyes de paridad y alternancia y contra el acoso político. Claro que hay limitaciones, pero el comienzo es importante. No solo se trata, como bien dice, de incrementar el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana, sino también de protegerlas. Ahora, claro que revertir el problema requiere de una transformación cultural muy comprometida.

—Y, en el caso parlamentario, ¿cómo podrían entrar en consensos las mujeres que no comparten las mismas posturas con respecto a normas que protegen a su género? En el nuevo Congreso a instalarse, por ejemplo, habrá mujeres parlamentarias de diferentes tiendas políticas; algunas más conservadoras que otras.

Es un paso a paso, pero yo creo que hay que entender que hay violencias que atraviesan a todas las mujeres, tanto de derecha como de izquierda. A partir de ahí, puede darse el consenso. Entonces sería oportuno que las mujeres, independientemente de su pertenencia partidaria, puedan entender que la violencia de género es una problemática que las afecta a todas en su conjunto y que es primordial generar estrategias para enfrentar esa problemática. Usted me hablaba del relevamiento de testimonios para conocer qué afecta a las mujeres autoridades o a las mujeres políticas. Yo también he podido hacer lo mismo y lo que vemos es que esas prácticas son muchas veces minimizadas o toleradas como algo ‘normal’. Pero, en varios casos en América Latina, esas conductas han escalado y llevado a un tipo de violencia mayor. Tenemos los casos de feminicidios que se han dado en la región, como el de Berta Cáceres [activista ambiental], en Honduras; de Marielle Franco [política y activista afrofeminista], en Brasil; y de Juana Quispe [concejala municipal], en Bolivia. Esto acompaña un común denominador también, que es la impunidad. Por más pequeñas que parecieran ciertas prácticas, hay razones para definir que no son tan insignificantes.

—En la práctica parlamentaria, también es muy común ver que, conformación tras conformación, algunas comisiones de trabajo —Defensa, por ejemplo— son siempre automáticamente asumidas como espacios de presidencia de legisladores varones. Dentro del fuero legislativo también hay roles que se perpetúan.

Es una tendencia muy común que tiene que ver con la reproducción de estereotipos de género. Es cierto que tienen que ir mujeres en comisiones como la comisión de la Mujer o en desarrollo social, pero también se tiende a generar una división cuando se trata de otros grupos. Por eso es necesario instalar en el debate público y en las propias organizaciones políticas que la discriminación de género, hasta la más ‘sutil’, es un tema que afecta al desarrollo humano y a la sociedad. La amplitud y las condiciones en las que más mujeres participan en política sirven para transformar esta cultura de segregación. La tarea no es fácil, por supuesto. Por eso, en el curso que desarrollamos, nos enfocamos en herramientas para identificar situaciones naturalizadas o ‘invisibles’. Hay conductas o roles que se asumen que no son siquiera percibidos por ellas ni tampoco por los hombres.

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—¿Cuáles son los retos que quedan en Perú tras la emisión de la Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política?

Como le decía, la ley abre un abanico de oportunidades. Entre los retos, está el poder trabajar en la identificación y desnaturalización del acoso político contra las mujeres en el ámbito político. Otro gran reto es sancionar. El hecho de que los actos queden en la impunidad es un doble mensaje a los varones para que continúen reproduciendo estos tipos de prácticas. Y sancionar no es nada fácil. Entonces, sancionar al líder partidario o que una mujer denuncie a su propio líder partidario, por ejemplo, si no hay mecanismos ágiles que resuelvan el caso y que hagan efectiva esa denuncia y la resolución, muchas veces las mujeres políticas lo que dicen que es el fin de su carrera política cuando denuncian. La ley yo creo que define un entramado institucional de acción y prevención. Hay sanciones pecuniarias, de multas, que tienen que ser reglamentadas por el Jurado Nacional de Elecciones y lo importante es efectivizar esa ley. Los talleres de sociabilización aportan a ello también. Otro reto tiene que ver con la actuación de las propias organizaciones políticas: la ley invoca a los partidos a que tomen medidas internas para actuar contra el acoso político.

—En el Perú, el derecho al voto para las mujeres (ejercido por primera vez en 1956) permitió que también las mujeres accedan a la vida política y postulen a cargos de elección popular. Sin embargo, han sido muy pocas y recientes las veces en las que se presentan mujeres para la presidencia. En menor número, también, las veces en las que han tenido posibilidades de ganar. ¿A qué le atribuiría el hecho de que —con una ley vigente que, por más de 60 años, reconoce el derecho— no se hayan dado las condiciones para la presidencia de una mujer? Esto, remitiéndonos solo al género.

Creo que, como en muchos países del mundo, tiene que ver con una conciencia social y también política que señala que ‘los espacios de poder pertenecen a los hombres’. Entonces, las mujeres están concebidas como que ‘no son prácticas’ o ‘no son hábiles’ o ‘no tendrán buen desempeño en esos cargos’ o ‘tienen otras cosas que deberían hacer’. Pensar que la mujer es frágil o, por el contrario, cuando toma posiciones firmes de liderazgo, también se las critica por ello. Hay un aval a nivel cultural que afectan esa posibilidad de que haya mujeres en cargos de decisión política. En definitiva, que haya mujeres tentando lugares históricamente asignados y dominados por hombres ‘hace ruido’ o es incómodo tanto para electores como para políticos. Es un proceso de erradicación también y en América Latina la problemática tiene plena vigencia, aunque en algunas sociedades se ha logrado resquebrajar gracias a las iniciativas de los movimientos de mujeres y otras organizaciones.

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