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A 10 años de la cadena perpetua para Abimael Guzmán

No sólo fue el terrorista Guzmán, también su compañera Elena Iparraguirre recibió la pena más dura por sus nefastos delitos.

El viernes 13 de octubre del 2006, en la Base Naval del Callao, se hizo justicia en el Perú. En la última audiencia del juicio, los dos cabecillas terroristas de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre Revoredo (esta última número dos del Comité Central), recibieron de la Sala Penal Nacional lo que la sociedad peruana en general esperaba: la cadena perpetua.

El Comercio informaba que esta pena se pudo concretar debido a que se planteó y aceptó por vez primera vez en el Perú la teoría de la autoría mediata, en virtud del dominio sobre la organización desde la que se cometieron los actos de terrorismo; esto no implicó ignorar a los ejecutores directos (autores). Fue por ello una sentencia muy esperada.

La lectura de los antecedentes fue extensa y tediosa: ocho horas seguidas en las que se detallaron los hechos complejos y el papel de innumerables coprocesados. Se precisaron los delitos de “terrorismo agravado” y “homicidio calificado” que cometieron Guzmán e Iparraguirre. Pero estos no fueron los únicos sentenciados; también recibieron sus respectivas penas de entre 24 y 35 años de prisión, otros miembros de la cúpula terrorista. 

Un proceso largo pero efectivo  

A mediados de setiembre del 2006, un mes antes de la sentencia, el Ministerio Público por medio del fiscal del caso Luis Ibáñez había pedido la pena de cadena perpetua para Guzmán, y para los otros integrantes senderistas. A todos se les acusó por el delito de terrorismo. Fue un año completo con muchas audiencias de por medio, y en la que la Sala Penal Nacional trabajó intensamente. Se trató de un “megaproceso” contra Guzmán, de 71 años de edad (hoy tiene 81), y que incluyó casos graves de lesa humanidad como la matanza de Lucanamarca (1983) en Ayacucho, donde fueron asesinados 69 campesinos (se escuchó el testimonio de un sobreviviente).

Asimismo, fueron utilizadas como pruebas los crímenes y atentados terroristas que la sociedad peruana sufrió entre 1980 y 1992, además del genocidio de Lucanamarca. Completaron el cuadro acusatorio  el caso de la Academia César Vallejo, que fue usada por el Comité Central como espacio de adoctrinamiento y reclutamiento de seguidores; la propia captura del cabecilla Abimael Guzmán y parte de su cúpula en setiembre de 1992; y el caso de “El Diario”, un semanario que se convirtió en una vitrina o caja de resonancia de los atentados terroristas de SL de esos años.

En la sentencia, según El Comercio, quedó establecido que solo en el año 2027 la defensa de los acusados podría solicitar la revisión de la pena, pues entonces Guzmán e Iparraguirre cumplirían 35 años de carcelería efectiva. Si el peor terrorista de la historia peruana como fue Abimael Guzmán viviera aún el 2027, sería un anciano de 91 años. En todo caso, la posibilidad de revisión de la pena, es decir, de revertirla o no, dependería siempre del Poder Judicial peruano.      

Los otros terroristas sentenciados 

Otro sentenciado ese día fue el conocido “Feliciano”, es decir, Óscar Ramírez Durand, quien siguió encabezando el terror tras la caída de Guzmán en 1992. Capturado 7 años después, en 1999, el sanguinario “Feliciano” fue sentenciado a 24 años de prisión. La pena benigna -para muchos- se debió a que este sujeto había colaborado con la investigación judicial, otorgando datos sobre la cúpula senderista.

Dos integrantes más recibieron 35 años de cárcel: Laura Zambrano Padilla y María Pantoja Sánchez, quienes se mantuvieron mudas durante todo el proceso público. Ellas saldrían libres el 2027. La Sala Penal Nacional determinó 25 años de prisión a los siete restantes senderistas: Margot Liendo Gil, Martha Huatay, Margie Clavo Peralta, Angélica Salas La Cruz, Victoria Trujillo Agurto, Osmán Morote Barrionuevo y Víctor Zavala Cataño, algunos de ellos detenidos desde fines de los años 80  (Liendo  Trujillo y Morote).

El colegiado B de la Sala Penal Nacional estuvo presidida por el vocal Pablo Talavera, y formada por Victoria Sánchez y David Loli, indicaba El Comercio. La reparación civil solidaria fue establecida en S/. 3.700 millones, una cifra que el procurador Guillermo Cabala apeló días después ante la Corte Suprema, pues la consideró insuficiente. Cabala pidió elevarla a S/.65.600 millones. La justificación obvia fueron los graves daños materiales contra el Estado peruano.

El Ministerio Público admitió en parte las sentencias: estuvo de acuerdo con las cadenas perpetuas a Guzmán e Iparraguirre; pero mostró su inconformidad con las otras sentencias, las que apeló. La postura del Estado peruano era que toda esa cúpula terrorista no dejara nunca la cárcel.

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