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Tanquetas, portatropas y cientos de policías resguardan hoy las calles del Callao debido al estado de emergencia declarado en la provincia por su alto índice delictivo. Desde el inicio de la medida, el 5 de diciembre último, la Policía Nacional ha reportado la detención de más de 300 personas y la intervención de 18 mil sospechosos.
Sin embargo, pese a la suspensión de algunos derechos constitucionales, este régimen de excepción tiene un evidente impacto positivo entre la población: el 96% de capitalinos aprueba la aplicación de la medida en el primer puerto, según un reciente sondeo de El Comercio-Ipsos.
La estadística revela el clamor de los limeños ante la creciente inseguridad en la ciudad y no debe verse como una actitud exagerada de la gente, explicó Federico Tong, asesor en temas de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. “Es una respuesta de la ciudadanía ante la falta de políticas concretas por parte del Estado para luchar contra la delincuencia común y organizada”, agregó.
Régimen en los distritos
Llama la atención otro dato del sondeo: un 67% dijo estar a favor de que se declare en estado de emergencia su distrito de residencia. Es decir, dos de cada tres limeños ven con buenos ojos la aplicación de este recurso constitucional para reducir la criminalidad en su localidad.
No obstante, no todos los sectores de la población verían con buenos ojos que el Gobierno Central se haga cargo de la seguridad ciudadana. Si bien la encuesta muestra que el 84% de los encuestados en el nivel socioeconómico (NSE) E aprobaría la instauración de la medida en sus distritos, en el NSE A solo un 35% le daría su respaldo.
Como informó El Comercio, las autoridades de los distritos con el mayor índice delictivo (San Juan de Lurigancho, Comas, el Cercado de Lima y el Callao) han ejecutado menos del 60% de su presupuesto para seguridad ciudadana en el 2015. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho –el distrito con más delitos denunciados entre enero y julio pasado–, la comuna ha gastado S/.5 anuales per cápita para frenar la inseguridad.
El ex secretario del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), Eduardo Pérez Rocha, señaló que los vecinos de estos distritos, que además pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos, no tienen un patrullaje policial visible ni un serenazgo fortalecido.
“Nunca ven a los policías ni a los serenos. Su percepción es que el estado de emergencia implicará un resguardo infalible. Sin embargo, esta no es una solución integral, sino un paliativo. ¿Qué pasará en el Callao cuando se retiren los policías? Eso debería responder el Gobierno”, dijo Pérez Rocha.
Suspensión de derechos
Bajo un régimen de excepción, la policía puede ingresar sin orden judicial a las casas y hacer detenciones sin permiso de un juez. También quedan prohibidos el libre tránsito, las reuniones en la vía pública, y el presidente puede ordenar a las Fuerzas Armadas que tomen el control de las calles.
En el caso del Callao, el Gobierno solo ha suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el de la detención con mandato judicial. La medida regirá hasta el próximo 17 de enero en el primer puerto, pero el plazo podría ampliarse, según lo dicho por el propio presidente Ollanta Humala.
Para el constitucionalista Fernando Vidal, la emergencia solo debe ser declarada en una situación de verdadera urgencia y como último recurso. “Los antecedentes de este régimen de excepción son de la época del terrorismo. La delincuencia común exige otra política que no implique la restricción de derechos constitucionales”, dijo.
