Caja Metropolitana usó una firma fraudulenta para un contrato

FERNANDO GONZÁLEZ-OLAECHEA / @fernando_got

En enero del 2012, la Caja Metropolitana aprobó la contratación del ciudadano chileno Andrés Muñoz Ramírez, amigo del actual gerente municipal y presidente del directorio de la entidad, José Miguel Castro, con quien además trabajó en Interbank. Uno de los informes que sustentaron el ingreso de Muñoz fue firmado por Ángel Calderón Rojas, en calidad de gerente de Riesgo. Sin embargo, Calderón entraría a laborar a la caja 25 días después de esa rúbrica.

Esta es una de las irregularidades reveladas por el Informe Especial 01-2014 del Órgano de Control Institucional (OCI) de la caja.

Para el especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni, se trata de un fraude. “En este caso se ve delito contra la fe pública y fraude procesal. El tipo [Calderón] ha firmado luego el requerimiento para formalizarlo y se pensó que nadie se daría cuenta. La responsabilidad es del directorio, porque ellos deciden contratar a Muñoz”, subraya el experto.

Óscar Vivanco, gerente general de la Caja Metropolitana y quien suscribió el acta para contratar a Muñoz, dijo ayer a El Comercio no saber que una de las firmas era fraudulenta. “Yo no he recibido el informe del OCI, espero que me lo manden. Todas las contrataciones pasaron el conducto regular”.

Por la consultoría, Muñoz cobró S/.80.000. El OCI también revela que Calderón dejó la caja municipal en el 2013 y empezó a trabajar como gerente de Riesgo en la Financiera FTC, cuyo presidente de directorio es el mismo Muñoz. 

OTRA VEZ ANDRÉS

El gerente Vivanco indicó que la conclusión del trabajo de Muñoz fue que la cartera de créditos de Caja Gas, programa de la caja dirigido a taxistas, debía titularizarse. La empresa que el mismo Vivanco designó para que hiciera ese proceso fue Acres Sociedad Titulizadora S.A.

Esta compañía tenía en ese momento como presidente de directorio a Muñoz, quien unos meses antes había accedido a información privilegiada de la Caja Metropolitana.

Además, el OCI subraya que el 4 de octubre del 2012, el mismo día que se suscribió el contrato con Acres, un memorándum del gerente de Finanzas, Iván Orozco, precisaba que Acres presentaba las credenciales necesarias dentro del rubro y que había trabajado con compañías de mediana envergadura. El informe del OCI da cuenta de que esto es falso, según información de Registros Públicos.

Vivanco respondió que la experiencia de Muñoz en Interbank, donde vio procesos similares, justificó contratar a Acres. “No sé qué puso Orozco [en su memorándum], pero Muñoz es una de las personas que más saben de banca en este país”, dijo.

A raíz de la titularización de esos créditos, la caja recibió S/.40 millones de Cofide. Este dinero, más un interés, debe regresar a esa institución al 2016, según Vivanco. Si no se recauda el dinero, este deberá ser pagado por otras cuentas de la caja y si eso no se puede, deberá pagarlo el municipio limeño. Esto, para Vivanco, es improbable.

Mónica Yaya, ex presidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, dijo que hay una clara falta ética: “Hubo incompatibilidad de cargos. Como consultor [Muñoz] debió defender los intereses de la caja y no beneficiarse él”.

Por su trabajo, Acres recibió S/.1,3 millones. Al igual que Calderón en el caso anterior, Orozco dejó la caja y empezó a trabajar con Muñoz en el 2013 en la Financiera FTC. 

UN BENEFICIO MÁS

Además de todo lo expuesto, la empresa Promotora Chulucanas, de Muñoz, recibió un préstamo para un proyecto inmobiliario en Chulucanas (Piura). Esta compañía recibió US$1,1 millones de la caja municipal sin contar con experiencia. Para Vivanco, no hay ningún problema porque ese préstamo se ha venido pagando hasta la fecha y solo falta la última cuota.

CRITICAN PRESENCIA DE CASTRO Y VIVANCO

Otro de los puntos fuertes del informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Caja Metropolitana es que tanto José Miguel Castro (presidente del directorio) como Óscar Vivanco (vicepresidente del directorio y gerente general) son responsables –cada uno– del 33,33% de las acciones de esa entidad municipal.

En ambos casos, la designación para representar esa porción del accionariado fue realizada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Según el OCI, el que ambos sean funcionarios de la caja “genera un ambiente de descontrol, desgobierno y ausencia de rendición transparente de cuentas”. Vivanco, al ser consultado, dijo que ni él ni su jefe, Castro, son deliberantes y que “históricamente se ha hecho de esa forma”.

El regidor Jaime Salinas (PPC) explicó que por este tema y los demás mencionados por el OCI se pedirá el cese inmediato de Castro al cargo de gerente municipal.

La contraloría señaló que revisa el informe del OCI.