El desborde de la inseguridad obligó la semana pasada a muchos alcaldes de Lima a salir a la palestra y proponer medidas para enfrentarla. Algunos han pedido al Gobierno que declare el estado de emergencia en sus distritos y despliegue a los militares para vigilar y patrullar las calles. El alcalde metropolitano ha propuesto que los serenos porten armas no letales. ¿Constituyen la solución? Ciertamente, no; pues no hay una sola medida que, por sí misma, resuelva los complejos problemas de criminalidad que enfrentamos.
Tienen razón los alcaldes en reclamar apoyo del Gobierno para las labores de vigilancia y patrullaje, porque los serenazgos y la policía no se están dando abasto, especialmente en los distritos más populosos de Lima, pero equivocan la respuesta, pues los militares no están preparados ni equipados para cumplir esa función y los peligros que entraña su despliegue son mayores a sus beneficios.
Se equivocan, además, en creer que esa sola medida bastará, cuando por más importante que sea la vigilancia y el patrullaje, no es ella sola la que nos permitirá desarticular a las organizaciones criminales que reclutan a sicarios y que están detrás de las extorsiones y las invasiones de terrenos. Para eso se requiere un buen trabajo de inteligencia e investigación criminal y no soldaditos armados de fusiles parados en una esquina.
El abanico de las armas no letales es muy grande y va desde el gas pimienta, principalmente defensivo, hasta las pistolas o escopetas con balas de goma o descargas eléctricas, que en ciertos casos pueden tener efectos letales. Hay que definir de cuáles estamos hablando y las circunstancias en que podrían ser utilizadas.
Para ello hay que tener en cuenta que solo el 7% de los delitos son cometidos con arma de fuego y los serenos asesinados por la delincuencia en los últimos años, a diferencia de los policías, se cuentan con los dedos de la mano, probablemente porque al estar desarmados no son un objetivo mortal del crimen.
Si se decidiera otorgarle alguna de estas armas a los serenos, sería primero necesario establecer un claro protocolo para su utilización, hacer responsables a los municipios por los daños que ellas pudieran causar y exigir un riguroso entrenamiento. No obstante, me inclino a pensar que, en las actuales circunstancias de desarrollo institucional de los serenazgos, poner en manos de sus integrantes armas no letales representa más riesgos que ventajas. Lo anterior no significa que los alcaldes de Lima renuncien a jugar un rol protagónico en la lucha por la seguridad, por el contrario. Se sugieren, por ello, dos iniciativas.
Primero, que apoyen activamente los esfuerzos que han iniciado sus gerentes de seguridad ciudadana para asegurar una mayor colaboración entre los serenazgos y entre estos y la Policía Nacional. Segundo, que constituyan una mesa de trabajo con el ministro del Interior para exigir un mayor apoyo policial en vigilancia y patrullaje, y un significativo incremento de agentes y recursos para labores de inteligencia e investigación criminal.
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