Castañeda ante peaje en Puente Piedra: Estamos atados de manos

Ante las protestas de los vecinos de los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, contra el peaje instalado por la concesionaria Rutas de Lima en la Panamericana Norte, a la altura del puente Chillón, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afirmó que su gestión está "maniatada" por este contrato que heredó de la administración de Susana Villarán.

“Esto es producto de un contrato firmado durante la gestión de Susana Villarán el 9 de enero del 2013. Este contrato tiene una serie de obligaciones y simplemente lo que se ha hecho allí es aplicar ese contrato. Es decir, la Municipalidad de Lima, la gestión actual, está maniatada en virtud de ese contrato que está garantizado por la Constitución y las leyes”, afirmó Castañeda en RPP.

El alcalde de Lima advirtió que intentar modificar o anular la concesión a Rutas de Lima de manera unilateral podría generar que el Estado peruano pague millonarias indemnizaciones por incumplimiento de contrato. “Nosotros no podemos modificar absolutamente nada”, agregó.

Consultado si le parece correcto el contrato de concesión firmado por su antecesora, Susana Villarán, Castañeda explicó que su posición personal no debe mezclarse con su función de alcalde de Lima.   

“Yo tengo que diferenciar a Luis Castañeda del alcalde de Lima. El alcalde de Lima, por la Constitución y las leyes, está obligado a cumplir con todas las obligaciones contractuales, esos contratos tienen fuerza de ley y así están resguardados en el artículo 62 de la Constitución, que yo no hiciera eso puede traerle una serie de perjuicios económicos, no solo a la Municipalidad de Lima sino al Gobierno”, precisó.

Ante la propuesta de la Defensoría del Pueblo para suspender el cobro del peaje en Puente Piedra, Castañeda dijo que dicha institución debe presentar un planteamiento jurídico debidamente sustentado que no altere el contrato.  

“La Defensoría va a tener que hacer una análisis de todos estos contratos y emitir, si quiere, cuál es la salida contractual que hay frente a esta situación y los riesgos económicos que asume y que va a tener que asumir todo el Estado peruano y toda la ciudad. Si la Defensoría del Pueblo me da una solución perfectamente jurídica, nosotros nos atendremos a ella”, manifestó.

Advirtió que el anular la concesión afectaría las obras que se están ejecutando y perjudicaría la imagen del Perú al hacerlo quedar como un país que no respeta sus contratos, con lo que se impediría, según dijo, la llegada de capitales. 

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