Ceguera voluntaria, por Gino Costa

En los últimos 15 meses emergieron a la luz pública las redes mafiosas de Óscar López Meneses, César Álvarez y otros presidentes regionales, Rodolfo Orellana, Martín Belaunde Lossio y Gerald Oropeza. La pregunta obvia es cómo subsistieron estas mafias durante años sin que los órganos responsables tomaran acción. La respuesta es también obvia. Las mafias incluían a importantes jueces, fiscales, policías, registradores públicos y, por supuesto, políticos, todos los cuales se hacían los ciegos voluntariamente.

Recién comenzamos a saldar cuentas con esta realidad siniestra, cuyos alcances aún desconocemos. No sabemos cuántas mafias más han penetrado la justicia penal y la política. No conocemos con precisión la envergadura de la infiltración del crimen organizado en nuestro sistema institucional. 

No hay mejor herramienta para combatir el crimen organizado que seguir la ruta del dinero mal habido. Para eso existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una isla de excelencia en la administración pública, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), desde donde cumple una labor discreta, seria y rigurosa, pero limitada, pues aún no cuenta con las herramientas que tienen todos sus pares en el mundo: la atribución de levantar el secreto bancario y tributario de los sospechosos de lavado de activos. 

La UIF tiene seis años solicitando estas atribuciones al Congreso, en cumplimiento, entre otros, de las recomendaciones del órgano internacional rector, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, órgano regional del GAFI, creado por el G-8 para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La OCDE nos hace similar exigencia y el plan nacional, aprobado en mayo del 2011, formuló la misma recomendación con carácter de urgencia.

La UIF trabaja con la información de operaciones sospechosas que le proveen los bancos y otros sujetos obligados. En la práctica, eso implica que ya se beneficia del levantamiento del secreto bancario exclusivamente para esas operaciones sospechosas y sus responsables. Lo que la UIF requiere es, tan solo, ampliar esa atribución a toda la información disponible que, sobre el responsable de esa operación sospechosa, tiene todo el sistema bancario y el tributario. 

Se trata, pues, de extender los alcances de una atribución con que ya cuenta y con la que, además, gozan la SBS y la Superintendencia de Mercado de Valores. La primera puede levantar el secreto bancario solo para fines de supervisión, mas no de inteligencia financiera. La segunda tiene la misma atribución desde el 2011 para los fines propios de sus labores de control. Hasta ahora, las tres instituciones han ejercido esa atribución responsablemente. 

No cabe duda que las limitadas atribuciones de la UIF es una de las expresiones más acabadas de lo que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, define como nuestra ceguera voluntaria frente al crimen organizado. La necesidad de mejorar el marco normativo de la seguridad, con o sin delegación de facultades, es la oportunidad perfecta para abandonar esa ceguera, otorgándole a la UIF completa visibilidad.