Doña Lourdes Muñoz desconoce el valor histórico del sitio que pisa todos los días. Ella vive desde hace 43 años en un inmueble ubicado en la cuadra 6 del jirón República, en El Agustino. Debajo de su casa yacía gran parte del baluarte Comandante Espinar, un fragmento de la Gran Muralla que fue erigida para proteger la ciudad del ataque de piratas y corsarios en el siglo XVII.
De este muro colonial solo quedan algunos metros, hoy invisibles para los vecinos que llegaron en la década de 1950, cuando empezó a urbanizarse la zona. “La muralla nos estorba”, sentencia la octogenaria doña Lourdes.
Su vivienda se sitúa, además, en una de las 450 manzanas que forman el ámbito del Centro Histórico de Lima. Este tiene una extensión de 1.022 hectáreas y abarca parte del territorio del Cercado de Lima y el Rímac y, en menor proporción, de los distritos de El Agustino, Jesús María, Breña, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.
En 1991, un área de 240 hectáreas dentro del Centro Histórico fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, incluidos sectores como el Damero de Pizarro, la Alameda de los Descalzos y Barrios Altos.
¿Pero quién protege hoy estos monumentos de la falta de conservación por parte de sus actuales propietarios?
YO PROTEJO, YO TAMPOCO
Dos entidades tienen competencias de protección del patrimonio en esta zona monumental: la Municipalidad de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), y el Ministerio de Cultura.
Tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que establecen el marco normativo para la protección del patrimonio, definen que esta labor se debe realizar de manera coordinada entre el gobierno local y el ministerio.
Rafael Varón, ex viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, explicó que el ministerio solo coopera con funciones normativas y técnicas, mientras que la Municipalidad de Lima se encarga de ejecutar el plan de conservación previamente aprobado por el sector. “Cultura no puede proteger ninguna zona monumental de manera unilateral porque no tiene ni presupuesto para ello”, agregó Varón.
Fuentes de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán definieron la relación intersectorial como “tirante”, debido a interpretaciones erradas en los roles de protección por parte de Cultura. Es decir, el cuidado del patrimonio es responsabilidad de todos y de nadie.
La nueva directora de Prolima, Flor de María Valladolid, indicó a El Comercio que los vínculos actuales con el ministerio, en este sentido, son “óptimos y estrechos”. Este Diario le recordó que el sector ministerial objetó hace dos semanas las obras del ‘by-pass’ en la avenida 28 de Julio, en pleno Centro Histórico, porque el municipio no había garantizado el “cumplimiento de las normas de protección del patrimonio”.
Frente a una posible descoordinación entre ambas entidades, que habría motivado la llamada de atención del ministerio por este proyecto vial, la funcionaria municipal solo respondió a este Diario lo siguiente: “Coordine usted al respecto”.
El actual viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo, evitó pronunciarse sobre el tema.
NUEVA GESTIÓN, NUEVO PLAN
Cualquier intervención por realizar en el Centro Histórico de Lima tiene que regirse por un plan maestro aprobado previamente por el Ministerio de Cultura. El documento vigente para la preservación de esta zona monumental es el Plan Maestro Centro de Lima (Ordenanza 201), aprobado durante la gestión del alcalde Alberto Andrade, en 1998.
Entre el 2012 y el 2014, la gestión anterior de Prolima elaboró el Plan Maestro del Centro Histórico al 2035, un documento de 307 páginas en el que se presenta un diagnóstico de esta zona del Cercado. Según la ex directora de esta entidad Patricia Dias Velarde, el plan fue enviado al Ministerio de Cultura en diciembre último y debía ser aprobado durante la administración del alcalde Luis Castañeda.
Pese a esto, la arquitecta Valladolid manifestó a El Comercio que este instrumento técnico será evaluado primero en el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) porque no guarda coherencia con la planificación territorial de la capital. Agregó que, en su reemplazo, Prolima ejecutará el Plan Estratégico para la Recuperación del Centro Histórico 2006-2035.
Este documento de 17 páginas –que data del 2006– plantea veinte proyectos de inversión para revitalizar el centro en tres niveles de intervención: la renovación urbana y recuperación de espacios públicos; la modernización de infraestructura urbana; y la seguridad ciudadana.
Alberto Martorell, presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos Perú), ente consultor de la Unesco para la conservación del patrimonio en el Perú, consideró que implementar un plan como este demuestra irresponsabilidad de la actual gestión de Prolima.
“Ejecutar el plan estratégico 2006-2035 es un insulto a la ciudad porque es un instrumento antitécnico y desactualizado. El documento que dejó Prolima en el 2014 es perfectible y requiere debatirse al menos. Me preocupa que la gestión actual planee orientar el Centro Histórico hacia el negocio y no como un gran espacio para los limeños, que sería lo correcto”, dijo Martorell.
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