"Construcción civil de luto", por Gino Costa

En lo que va del actual gobierno, seudosindicatos de construcción civil dedicados a la extorsión han asesinado a quince dirigentes de la federación adscrita a la CGTP. Los trabajadores del sector asesinados son, sin embargo, muchos más. Solo en el 2014 el Ministerio del Interior estimó que las víctimas llegaron a 38. Eberth Vigoria, del sindicato de Cañete, fue el último dirigente de la CGTP asesinado hace tan solo seis semanas.

Hace unos días se salvó de ser asesinado Juan Mota, secretario general de la misma federación en Casma. Sobre él y otros once dirigentes pende una amenaza de muerte de un seudosindicato que los hace responsables de haber enviado a prisión a Rubén Castillo, alias ‘Viejo’, capo de una organización de extorsionadores. Este es el segundo atentado al que sobrevive Mota, pues el 11 de julio resultó herido de dos balazos. El que no se salvó fue su secretario de Economía Miguel Cotelo.

La violencia criminal contra la industria de la construcción civil también golpea seriamente a las empresas del sector, pero quienes se enfrentan directamente a los extorsionadores y ponen la cuota de sangre son los propios trabajadores. El hecho no escapa al conocimiento de los empresarios, quienes la semana pasada, en un gesto de solidaridad poco común, se unieron a la Marcha por un Perú sin Violencia convocada por la CGTP.

Así, llamó positivamente la atención ver desfilar por el Centro de Lima –acompañando a Mario Huamán, Luis Villanueva, sus combativas huestes de construcción civil y los usuales líderes políticos y personalidades de izquierda– a Martín Pérez, presidente de la Confiep; Pedro Péndola, director de Capeco; Mateo Balarín, vicepresidente de la SNI; y Moisés Mieses, director de Conaco.

La principal exigencia de la marcha fue que cese de inmediato la violencia homicida contra los trabajadores. Ello exige potenciar la inteligencia policial para identificar y desarticular a las organizaciones criminales que operan como seudosindicatos, así como investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, cuyos resultados hasta ahora son vergonzosos pues hay un solo detenido por los 15 asesinatos de dirigentes de la CGTP.

Para que esto sea posible es preciso hacer realidad el sistema penal contra el crimen organizado, concebido por la Ley 30077, acabando con la mezquina miopía del MEF para dotar a las instituciones que lo integran de recursos necesarios.

Si bien los primeros hechos de violencia tuvieron lugar hacia el 2003, son los registros automáticos que entran en vigencia a partir del 2008 los que permiten que cualquier grupo criminal funja de sindicato. Se requiere cancelar administrativamente dichos registros y no exigir un procedimiento judicial previo, como lo ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo, lo que permite que muchos seudosindicatos sigan operando con otros criminales, aunque sus principales líderes estén presos.

A esto sumémosle, por favor, un sentido de urgencia hasta ahora absolutamente ausente. Si no lo hacemos seguirá el derramamiento de sangre inocente.