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LOURDES FERNÁNDEZ CALVO @LulitaFC
Una propuesta legislativa ha generado la resistencia inmediata de cuatro de los alcaldes de los seis distritos que ocupan los 18 kilómetros de extensión de la Costa Verde.
Uno de los objetivos principales del proyecto gestado en el Congreso es claro: transferir la propiedad de los terrenos ribereños a favor de la Municipalidad de Lima “con el fin de garantizar un manejo uniforme de todo el territorio [...]”.
Además, la propuesta parlamentaria busca crear una nueva Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que esté bajo la responsabilidad de la comuna limeña, pero que cuente con facultades administrativas, económicas y capacidad de fiscalizar y sancionar las obras o proyectos que se realicen en los acantilados y el malecón de toda la Costa Verde.
Según el presidente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), Gustavo D’Angelo, esta normativa dará herramientas legales a la entidad que hasta hoy “ha estado con las manos atadas”.
D’Angelo asegura que si la Municipalidad de Lima asume la gestión administrativa de la Costa Verde, se evitará la des-coordinación que hoy reina entre los seis alcaldes distritales. No obstante, reconoce que la APCV tampoco ha tenido la aceptación que se esperaba. “Ha sido un fracaso. El gran problema ha sido siempre el ordenamiento territorial”, afirma.
EN DESACUERDO
Para los alcaldes de Barranco, San Miguel, Magdalena del Mar y San Isidro, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Incluso algunos se animan a decir que es inconstitucional. “La Constitución dice que somos autónomos y ninguna autoridad puede entrometerse en asuntos municipales, ni siquiera el Congreso”, sostiene el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison.
Según el burgomaestre, el proyecto busca dar todas las facultades al municipio limeño, pese a que este no cuenta con un presupuesto fijo para obras en la Costa Verde. “No pueden con sus funciones actuales y pretenden tener más”, agrega.
Para el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, la propuesta legal debió ser consultada a los burgomaestres para recoger sus observaciones. Heresi afirma que no es necesario crear una nueva autoridad si la gestión será la misma. “Hay que buscar liderazgo”, indica.
De la misma opinión es la burgomaestre de Barranco, Jéssica Vargas. Ella asegura que la APCV necesita una reestructuración que defina las responsabilidades legales de cada distrito. “Si las obras no son homogéneas, es porque no hay un plan maestro actualizado. El último es del 2010”, refiere.
La alcaldesa de San Isidro, Magdalena de Monzarz, también muestra su oposición y dice que su comuna ya solicitó a la APCV una reunión para debatir los detalles del proyecto.
Más allá de su malestar, los alcaldes no presentaron propuestas propias.
