MARTÍN ACOSTA GONZÁLEZ
@martiacosta
Antes de que se conociera la verdad, Pedro Celestino Sulca Quico era conocido como “el doctor” en el anexo de Candarave, comunidad campesina de Pillone, Moquegua. Se desempeñaba como juez de paz y nada hacía presagiar que detrás de ese hombre reservado se escondía un verdadero monstruo. De hecho, tras la explosión del sórdido caso que lo tuvo como protagonista en el 2012, lo empezaron a llamar la 'Bestia de Pillone'.
Pedro Celestino Sulca Quico había violado a su propia hija de 17 años desde que esta tenía 10. La denuncia también incluía el testimonio de su otra hija (16), a quien realizó tocamientos indebidos e intentó violar. Para evitar que lo delataran, el inescrupuloso había amenazado a las menores. Tras el proceso, que se desarrolló por más de tres años, el sujeto fue condenado a 35 años de prisión, la condena más alta fijada en el Código Penal. En la otra acera se encontraban sus dos hijas con traumas imposibles de olvidar y estigmatizadas de por vida.
Pese al irreparable daño sufrido por las adolescentes, el uso de la cámara Gesell permitió que el drama no sea tan agudo. Ellas pasaron por una entrevista única que evitó que narren una y otra vez los abusos sufridos a los diferentes operadores de la justicia: jueces, fiscales, peritos, policías y otros funcionarios. De esta manera se evitó que pasaran por un proceso conocido como revictimización.
La cámara Gesell es el lugar donde los testimonios y los temores de los menores abusados sexualmente duermen. Está conformada por dos ambientes. En uno de ellos está la víctima acompañada de un psicólogo, mientras que en la sala contigua, conocida como sala de observación, hay un fiscal que guía la entrevista sin que el menor se percate de ello. El fiscal está acompañado de otros operadores de la justicia, los abogados de ambas partes y los padres del menor. Un vidrio espejado unidireccional separa ambos ambientes.
Antes de la implementación de la cámara Gesell, explica la psicóloga especializada en niños y adolescentes Patricia Vergara, el dolor para las adolescentes víctimas de abuso estaba lejos de terminar con la denuncia del hecho. “Durante la investigación y el proceso, estas evocaban una y otra vez la agresión vivida ante diferentes autoridades. Los distintos interrogatorios no hacían más que intensificar el trauma”, señala.
CÁMARA GESELL
En el 2015 hubo 58.429 casos de violencia familiar y sexual en el Perú reportados a las diferentes autoridades. De ellos, 19.649 (un 33,6% del total) fueron perpetrados contra niños y adolescentes, según estadísticas difundidas recientemente por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Asimismo, según estadísticas de este ministerio, la cantidad de denuncias se ha incrementado en los últimos años. Precisamente para evitar la revictimización de los menores, el Ministerio Público empezó a utilizar desde el 2008 la cámara Gesell. En el 2009 se aprueba la “Guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual”.
"En ella [la cámara Gesell] un psicólogo de la fiscalía dialoga con la presunta víctima. La conversación se da en un lenguaje apropiado y acorde a la edad de la presunta víctima. El psicólogo formula las preguntas que el fiscal le comunica a través de un audífono. Esa es la única vez que la persona presuntamente agraviada narra los hechos", cuenta a El Comercio la psicóloga clínica Gisella Tenorio, coordinadora de cámaras Gesell del Ministerio Público.
Cada entrevista única equivale a un caso denunciado ante la policía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o ante la fiscalía misma. Actualmente, en el Perú existen 29 cámaras Gesell y 31 salas de entrevista única (estas se diferencias de las primeras en que no cuentan con vidrio espejado, pero la entrevista es registrada en video).
Siete de las 29 cámaras Gesell están en Lima Metropolitana, ciudad que concentra el 30% de las denuncias recibidas por el Ministerio Público. En promedio cada cámara alberga cuatro entrevistas diarias, de una hora cada una. Pero la falta de psicólogos, no permite utilizar todas ellas. Cada una de las cámaras asciende a S/80.000.
SANCIONES
Durante el 2015, el Poder Judicial impuso la pena de cadena perpetua (35 años de prisión) a 94 personas acusadas de abusar de menores de edad. Sesenta y nueve de estas condenas fueron para sujetos que violaron a menores de 14 años.
Según el artículo 173 del Código Penal, quienes abusen sexualmente de menores de 10 años recibirán no menos de 35 años de prisión, la máxima pena de cárcel en nuestro país. La violación de menores de entre 10 y 14 años se sanciona con entre 30 y 35 años. Sin embargo, existe un agravante para este último caso, que a la letra dice: “La pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza”.
En el caso de mayores de 14 años y menores de 18 años, es sancionado por el Código Penal con entre 12 y 18 años de cárcel.
Entre junio del 2013 y agosto del 2014, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó 389 sentencias, de un total de 516 emitidas en primera instancia, por delitos de violencia sexual contra menores de 14 años. De estas, 29 son por cadena perpetua. Comparadas con las cifras del 2015, existe un incremento sustantivo del número de condenas.
CÍRCULO FAMILIAR
La psicóloga Patricia Vergara señala a El Comercio que un gran porcentaje de los casos de abuso sexual tiene como responsable a un familiar cercano. La situación es más grave aún en el interior del país.
“Muchas niñas son violadas en sus domicilios o en otros espacios que eran considerados seguros, como las escuelas y las casas de familiares. Además, en la mayoría de casos el agresor fue un familiar de la víctima y el 75% de las mujeres violadas eran menores de edad”, dice.
Agrega que otro factor que abona al incremento de procesos por violación sexual es la legitimación, en los pueblos originarios, de prácticas sexuales tempranas consentidas. “Es complicado atender un caso de este tipo, pues las víctimas pierden confianza en su propio círculo. Y recomponer ese lazo no es una labor sencilla”, indica la especialista.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 mostraba que en el Perú el 48% de casos de violación sexual no se denuncia por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa. Sin embargo, cada vez más niños y adolescentes se animan a denunciar este delito.
EMBARAZOS ADOLESCENTES
La ONU informa que América Latina es la segunda región con más maternidad infantil después de África. El Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional dedicada a la defensa de estos derechos, atribuye esto, entre otros factores, a los altos índices de violencia sexual.
Según el Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), al menos el 14% de los 2.640 embarazos adolescentes atendidos en este lugar durante el 2014 fue producto de una violación. Según especialistas, estas gestantes adolescentes presentan signos de depresión o ansiedad porque son parte de historias de abusos que no pudieron denunciar debido a que fueron amenazadas.
El estudio "Victimización en casos de violación sexual en el Perú" del antropólogo Jaris Mujica (2015), patrocinado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, señala que una de cada cinco adolescentes de áreas rurales estuvo embarazada, y solo el 14% de estas alcanzó la secundaria.
PROYECTO PARA EVITAR VIOLACIONES
Entre el 2014 y 2015, la Asociación Países Emergentes, el Fondo Ítalo-Peruano y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanzaron un plan para promover la separación de ambientes en las casas de El Agustino y Huaycán. El proyecto busca prevenir el abuso sexual de menores por parte de sus propios familiares.
Cecilia Miranda, psicóloga parte del proyecto Lima Este Segura, señala que los menores son más vulnerables en ambientes que son compartidos con adultos. “A veces duermen en las mismas habitaciones y hasta en las mismas camas, y eso puede alimentar el riesgo de sufrir algún tipo de abuso”, indica a El Comercio.
En el 2014, el proyecto intervino siete cerros de El Agustino y se hicieron más de 500 adecuaciones de viviendas. En el 2015, se trabajó en la zona de Huaycán y se generaron mejoras en 240 casas.
Ochocientos kilómetros al sur de Huaycán, la 'Bestia de Pillone' pasa sus días en una celda del penal de Samegua en Moquegua y sus hijas en la vieja casa de la zona de Candarave. El tiempo no ha hecho mucho por ellas. La mayoría de edad no ha aplacado la angustia de las madrugadas. Ese temor de tener al enemigo bajo el mismo techo.
En este video puede se apreciar cómo funciona una cámara Gesell. (Guión: Luis Silva Nole / Video y edición: Antonio Álvarez / El Comercio)
