La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al cierre de la playa Agua Dulce, dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos para este domingo 15 de febrero de 2026, y exhortó a la comuna a garantizar el libre acceso a este espacio público, así como a asumir plenamente su responsabilidad en la gestión de limpieza y mantenimiento.
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A través de un pronunciamiento, la institución recordó que las playas del litoral son bienes de dominio público, de uso libre y gratuito, y que la responsabilidad de su conservación no puede ser trasladada exclusivamente a la ciudadanía. Si bien reconoció que la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos constituyen fines de interés público, advirtió que la restricción total del acceso resulta una medida desproporcionada.
En ese sentido, sostuvo que antes de disponer el cierre debieron evaluarse alternativas menos restrictivas que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales, como el acceso y disfrute de espacios públicos.
La Defensoría consideró que la medida vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de bienes públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental.
De acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 26856, las playas son bienes inalienables e imprenoscriptibles, cuyo acceso debe ser garantizado por las autoridades. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03640-2021-PHC/TC, estableció que no pueden imponerse restricciones arbitrarias o desproporcionadas al acceso y uso de estos espacios.
Pese a ello, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 001-2026-MDCH/ALC, la Municipalidad Distrital de Chorrillos dispuso la restricción del uso de la playa Agua Dulce, decisión que, según la entidad defensora, debe ser corregida.
Además, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) establece que es función de los gobiernos locales regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las playas, así como fiscalizar los elementos contaminantes, por lo que la gestión de la limpieza constituye una obligación indelegable.
En el marco de sus competencias, la Defensoría exhortó a la Municipalidad de Chorrillos a dejar sin efecto la resolución que dispone el cierre para el 15 de febrero, al considerar que representa una medida desproporcionada y una elusión de su responsabilidad legal en la prestación del servicio de limpieza pública.
Asimismo, pidió implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos en el litoral del distrito, que incluya mayor frecuencia de recojo, instalación de contenedores suficientes y fiscalización efectiva de conductas infractoras, en lugar de optar por el cierre del espacio público.
También señaló que la acumulación de basura —denunciada por vecinos de sectores como Vista Alegre de Villa— respondería a deficiencias estructurales en el servicio de limpieza, como la reducida flota de camiones recolectores.
Respecto al anuncio municipal de contar con apoyo de la Policía Nacional del Perú para ejecutar el cierre, la Defensoría recordó que la fuerza pública debe emplearse para garantizar el libre tránsito y la seguridad, no para restringir el acceso a un bien de uso público por causas atribuibles a la gestión municipal.
En ese contexto, solicitó a la Policía actuar dentro del marco de sus funciones, garantizando los derechos fundamentales de la ciudadanía y evitando posibles situaciones de confrontación, considerando la alta afluencia de público que registra la playa los domingos de verano.
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La institución advirtió que, de no ser acatadas sus recomendaciones, procederá a evaluar las acciones legales correspondientes frente a eventuales infracciones deliberadas al ordenamiento jurídico.
Finalmente, expresó su disposición para colaborar con el municipio y otras entidades competentes en la búsqueda de soluciones que permitan proteger el ambiente sin vulnerar el libre acceso a las playas del litoral.
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