La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó este miércoles en Palacio de Gobierno la firma de un convenio interinstitucional para dar inicio a la construcción del nuevo penal de El Frontón, en el Callao.
El acuerdo fue suscrito por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Defensa, que tendrán a su cargo las primeras obras de habilitación del terreno.
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Boluarte señaló esta semana que la nueva cárcel será destinada a internos de alta peligrosidad y formará parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar el hacinamiento carcelario y reforzar la seguridad ciudadana.
“Decidimos impulsar la viabilidad para la reapertura de El Frontón, un paso histórico que marcará un antes y un después en nuestra política de modernización y reorganización del sistema penitenciario para poner fin al hacinamiento que por décadas sufren los penales en el país”, sostuvo.
De acuerdo con lo informado, el penal contará con capacidad para albergar a 2.000 reclusos bajo condiciones de aislamiento efectivo, estrictas medidas de control y un sistema de vigilancia permanente durante las 24 horas del día.
Asimismo, se implementarán restricciones de comunicación y desplazamiento para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La mandataria precisó que el proyecto contempla una inversión aproximada de 500 millones de soles y se ejecutará en un área de más de 57.000 metros cuadrados. Los trabajos iniciales de movimiento de tierras estarán a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
“Se trata de una respuesta concreta y valiente es realidad clara y el país exige decisiones concretas (…) el bienestar del país y de millones de peruanos requieren acciones firmes no respuestas tímidas o tibia“, detalló.
El Gobierno busca con esta obra dar “un golpe certero” a las mafias que operan desde las cárceles.
El plan de reabrir un penal en El Frontón no es nuevo. En el Congreso se presentaron seis iniciativas, entre ellas la del legislador Wilson Soto, que fue rechazada por el INPE por inviabilidad técnica y presupuestal.
A través de un informe emitido en setiembre de 2023, la entidad advirtió que El Frontón carece de servicios básicos, lo que encarecería la instalación y operación de agua, desagüe, electricidad, telefonía y manejo de residuos. También señaló que la ubicación insular dificulta el acceso del personal y eleva los costos logísticos.
Según el análisis, la topografía con pendientes pronunciadas haría necesaria una costosa adecuación del terreno y, aun así, el espacio no permitiría albergar a un número significativo de internos, por lo que el impacto en la reducción del hacinamiento penitenciario sería limitado.
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