App de taxi ya tienen un negocio de 240 millones al año
App de taxi ya tienen un negocio de 240 millones al año

La de Lima es de conocimiento general. Ante esta realidad han surgido en los último cuatro años que son intermediarios entre pasajeros y taxistas bajo la premisa de un servicio rápido y seguro. Hoy basta con tener un teléfono inteligente y uno de los tantos aplicativos móviles que existen en el mercado para contar con el servicio. Sin embargo, esto ha generado cuestionamientos sobre la seguridad que ofrecen y la responsabilidad que se adjudica a la empresa intermediaria. 

La polémica se desató esta semana: , una de las aplicaciones más populares en este rubro, recibió dos denuncias a través de redes sociales. Una de ellas, referida a una menor de 14 años, quien denunció haber sufrido acoso sexual por parte de un conductor del servicio, identificado como Álex Panduro Rengifo. Este se habría entregado a la policía para ser investigado. El segundo caso fue el de una madre de familia que asegura haber sido víctima de un intento de robo de parte del conductor de Easy Taxi, Jeffrey Tirado Salazar.

Al revisar los términos y condiciones del servicio, se indica que la empresa “no se responsabiliza por ningún acto sucedido durante la prestación del servicio de traslado” y que “no avalan la salud física o mental” de los conductores, eximiéndose así de toda obligación relacionada con la seguridad del usuario. La empresa añade que la responsabilidad penal por delitos cometidos por sus conductores durante el servicio es solo responsabilidad de estos últimos.

En un comunicado, representantes de Easy Taxi dijeron que están trabajando en una nueva versión de términos y condiciones que será publicada en los próximos días; pero no precisaron los cambios exactos que se realizarían.

Sin embargo, este tipo de cláusulas se repiten en la mayoría de aplicativos móviles de similar funcionamiento. El problema radica entonces en quién responde ante un incidente.

Debe primar la idoneidad del servicio, es decir, se debe cumplir con el fin para el que ha sido contratado. De no ser así, puede aplicar una sanción”, señala Rudy Medina, abogado especialista en nuevas tecnologías. En este caso, la sanción sería administrativa. “Al registrarse y pasar los filtros establecidos por la empresa, se genera una relación contractual implícita entre esta y los conductores y por tanto hay garantías legales”, añade Medina. 

PROHIBIDAS EN CIERTOS PAÍSES
La discusión sobre las responsabilidades de estas empresas ha llevado al cierre de algunas en España, Estados Unidos y Turquía. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Transportes estableció que estos servicios son ilegales en su territorio. Sin embargo, las cláusulas del servicio que estas aplicaciones tienen en el Perú son similares a las usadas en otras partes del globo. Revisarlas a fondo es tarea de los usuarios.

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