El Estado solo invierte 20 soles al año en salud mental por cada peruano

El presupuesto institucional modificado para este 2024 es de 704′546.337 soles para alrededor de 34 millones de peruanos. En algunas regiones, el panorama es aún más desolador. Por ejemplo, Áncash tiene una inversión per cápita de apenas 10,70 soles. En total, 14 de las 24 regiones tienen una inversión per cápita menor a los 20 soles: a Áncash se suman La Libertad (11,60), Ica (13,5), Lima -sin contar Lima Metropolitana- (15,40), Callao (16,10), Cusco (16,50), Loreto (17), Lambayeque (17,80), Junín (17,80), Puno (18,80), Ucayali (19) y San Martín (19,70).

En su reciente mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte manifestó que “la salud mental es quizás más importante que la salud física para garantizar el bienestar y calidad de vida personal, familiar y social”. Sin embargo, el presupuesto asignado a la salud mental es una contradicción al manifiesto de la mandataria, pues los más de 704 millones de soles representan apenas el 2,6% del total asignado al sector salud.

Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que exista paridad entre los servicios de salud física y mental, aún son pocos los países que le dedican un importante porcentaje de su presupuesto a la salud mental. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos y Canadá destinan una media de 193,50 dólares per cápita en programas de salud mental y atención médica. Los países del Caribe no latino asignan un promedio de 24 dólares. En Sudamérica, el monto ronda los 1,50 dólares y los 7 dólares por ciudadano.

Los 20 soles al año, promedio de la inversión per cápita, contrastan con los costosos gastos que demanda un tratamiento en salud mental. Según el psiquiatra Carlos Eduardo Palacios Valdivieso, director general adjunto del hospital Víctor Larco Herrera, entre citas, terapias y medicación, el gasto promedio puede llegar a superar los 1.100 soles mensuales. “Con el seguro del SIS, eso mismo puede costarle al paciente 40 soles”, señala a El Comercio. Sin embargo, si no se accede al servicio público o si la demanda del servicio es mayor, los pacientes terminan realizando el gasto por cuenta propia, como ocurre hoy en muchos casos.

Pese a que las cifras presupuestales del Perú en salud mental son reducidas, este es uno de los servicios especializados que más ha crecido respecto del acceso de la ciudadanía. En entrevista con El Comercio, Juli Caballero, jefa de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), manifiesta que hace 10 años el presupuesto era de apenas 1,5% del total del sector salud y estaba concentrado en Lima, lo cual ensanchaba aún más las brechas.

Sin embargo, esto no es suficiente para cubrir la creciente demanda de servicios de salud mental que requiere el país. El Minsa estima que al menos 6,6 millones de personas sufre de algún problema de salud mental. Es decir, uno de cada cinco peruanos requiere atención. Lo más preocupante es que el 80% no recibe tratamiento.

“Hemos incrementado el número tanto de casos atendidos como el de atenciones. Por ejemplo, en el 2019 teníamos un promedio de 1′333.000 casos atendidos y 3′380.000 atenciones. El 2023 hemos culminado con un 1′844.000 casos atendidos y 8′866.000 atenciones”, cuenta Caballero.

El intento de suicidio es uno de los indicadores que muestra la sala situacional del Minsa. Solo en los primeros seis meses del año, se han registrado 1.152 episodios, lo cual representa un incremento del 10% respecto del mismo período en el 2023 (1.040).

Los 1.152 casos registrados entre enero y junio muestran que en promedio seis personas presentaron ideación suicida cada día. La mayor parte de los casos están en Lima (333), Arequipa (149), Loreto (109), Huánuco (106), Ayacucho (94), entre otros.

Un dato que también refleja la demanda de atención en salud mental es que en los tres primeros meses del 2024, la central de información y orientación 113 Salud ha registrado un total de 39.892 llamadas relativas a consultas por psicología y salud mental. En promedio, más de 440 personas llaman cada día a esta línea.

Respecto del presupuesto propiamente, Juli Caballero destaca que, para brindar una mejor atención, en principio, es necesario duplicar la partida. “Llegar a un 6% sería muy bueno y nos permitiría ampliar la cobertura del servicio. Un 10% sería ideal”, cuenta.

“En el 2015, por ejemplo, el presupuesto de salud mental con el que se contaba representaba el 1,5% aproximadamente. Ahora estamos en 2,6%, lo cual representa un avance. Además, la mayor parte de este dinero estaba centralizado en Lima. Ahora, la proporción ha ido variando y las regiones cuentan con más dinero”, apunta.

Esa mayor dotación de presupuesto se ha visto reflejada en más acceso de la población a servicios de salud mental: un mayor número de usuarios atendidos, de atenciones propiamente, un incremento en la cantidad de centro de salud, entre otros. Este 2024 se espera cerrar el año con un total de 292 centros de salud mental comunitarios. Para el 2025 se ha proyectado llegar a los 307 a escala nacional.

En declaraciones a El Comercio, el exministro de Salud Víctor Zamora señaló que el sistema de salud peruano es uno de los más precarios de América Latina. “El Perú invierte aproximadamente la mitad de lo que debería invertir en términos de su producto bruto interno. Invierte entre 3% y 4%, y lo mínimo que debería invertir un Estado es 6% del PBI en salud pública”.

Zamora añade que todos los programas, no solo el de salud mental, están subfinanciados. “Dentro de los programas que históricamente han tenido menos plata es el de salud mental. Sin embargo, esto se ha revertido en los últimos siete u ocho años, donde una política de Estado ha permitido que lo que hoy día es 2% antes fuese 1%. Igual seguimos muy lejos de lo que invierte en otros países en América Latina”.

Si bien la cobertura en salud mental se ha extendido y más peruanos acceden a atenciones especializadas, el número de afectados por problemas mentales también se incrementa, apunta Miguel Ángel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. “Por eso es importante ampliar las partidas presupuestales”, refiere.

El Minsa asegura que en una década se ha logrado acortar la brecha de acceso en 10% (en el 2014, el 90% de los afectados por problemas de salud mental no recibía atención). “Con un presupuesto tan limitado es imposible lograr resultados significativos”, añade Vallejos a El Comercio.

“A diferencia de un proceso infeccioso, en el que puedes necesitar una cita, un control, y de repente hasta ahí nada más, en los problemas de salud mental muchas veces se necesitan varias citas a lo largo de un período para poder lograr la recuperación de la persona. Aparte porque es un tema más integral, no solamente es una especialidad puntualmente”, asevera Caballero.

Zamora coincide con Caballero y Vallejos respecto de que la salud mental es uno de los servicios que mayores logros ha tenido; el reto precisamente es mantenerlos o mejorarlos. “Durante este año, para el ministro César Vásquez esta no ha sido una de sus prioridades”, advierte.

De regreso al último mensaje a la nación, la presidenta Boluarte dejó otra frase que no solo suena a lugar común, sino que refuerza la contradicción entre su discurso y la realidad: “La salud mental es un derecho humano fundamental y todos deben tener facilidades para su atención”, apuntó.

No obstante, las facilidades que la presidenta propone no están plasmadas en un plan de acción actualizado. El último Plan Nacional de Salud Mental 2020-2021, diseñado para el contexto de la COVID-19, ha quedado desactualizado.

Según Juli Caballero, el nuevo plan de acción para 2024-2028 aún está en etapa de validación. “Primero se formula, luego se valida con diferentes instancias, y finalmente la Oficina de Presupuesto y Planeamiento y Secretaría General de Gasto, también el Ministerio de Economía y Finanzas, deben revisarlo”, indica en referencia a la cantidad de dinero que el MEF debería asignar para su cumplimento.

Los retos planteados por la Dirección de Salud Mental del Minsa para este nuevo plan están enfocados en la descentralización de la calidad de la atención y prevención.

“El plan es muy importante, porque como herramienta de gestión va a poder ayudar a mejorar los diferentes procesos que tienen que ver con la atención y el fortalecimiento de los servicios ya existentes y la ampliación de nuevos servicios, nuevos centros comunitarios, nuevas unidades de hospitalización en salud mental. El primer nivel es la prioridad; también queremos fortalecer algunas intervenciones relacionadas a la prevención y a la promoción”, dice Caballero.

Para Vallejos, el hecho de que estemos cerca de tres años sin un plan de acción actualizado y que haya pasado más de un año desde que la OMS haya declarado el fin de la pandemia, no solo es preocupante, sino que demuestra un desinterés por parte del Estado.

“El discurso de la presidenta demuestra una falta de coherencia entre lo que se propone y se anuncia, y lo que en verdad se hace: el plan y el presupuesto. De ambos nada de novedades. Hay cierto desprecio a la salud mental, pese a que es uno de los servicios que mejor ha funcionado”, dice Vallejos.

El déficit presupuestario y la falta de un plan de acción vigente evidencian una profunda desconexión entre el discurso político y la realidad de la salud mental en el Perú. A pesar de los avances en la cobertura y el acceso a servicios, la inversión per cápita sigue siendo insuficiente y refleja un sistema que aún prioriza la salud física sobre la mental, en contradicción con las recomendaciones internacionales. La inacción y el desinterés estatal no solo perpetúan estas desigualdades, sino que también comprometen el bienestar de millones de peruanos. El objetivo es hacer que la reforma del sistema sea tangible y duradera.

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