Explotación laboral: el peso de la informalidad

Las punzadas empiezan temprano. Primero en la rodilla y luego suben por la espalda hasta aferrarse a la columna, como aguijonazos que llegan sin avisar. Julio Burgo trabaja en el Mercado Mayorista de Santa Anita cargando sacos de tubérculos de hasta 130 kilos. Cientos de ellos al día. Dice que recién al cuarto o quinto levantamiento ya deja de dolerle, cuando su cuerpo entra en calor. A sus 35 años camina encorvado, como alguien que tuviera el doble de su edad.

Si bien Julio y otros 229 estibadores de este centro de abastos no trabajan encerrados, como lo hacían las víctimas del incendio en Las Malvinas, las condiciones a las que están sometidos son igual de inhumanas: cargan sacos de 2 p.m. a 2 a.m., descansan en colchones sobre el suelo y suelen pagarles su jornal de S/40 con hasta 48 horas de retraso.

Las consecuencias de la informalidad de su oficio caen por su propio peso. El 82% de los estibadores de este centro de abastos sufre algún problema de salud derivado del sobreesfuerzo, según un estudio de la Universidad César Vallejo. El 57% presenta severos males, como alteraciones visuales, tuberculosis y várices. El promedio de peso que levantan los estibadores es de 113 kilos, más del doble de lo que permite la ley de seguridad y salud en el trabajo: 50 kilos. Ninguno de ellos tiene seguro de salud ni beneficios.

Según el abogado laboralista Víctor Ferro, la responsabilidad sobre las malas condiciones de estos estibadores recaería en los comerciantes y transportistas. Ellos, pese a que generan altas ganancias, maltratan a quienes les brindan el servicio de carga y descarga. En Santa Anita un transportista podría generar ingresos de hasta S/15 mil vendiendo los productos de un solo camión. Pero también Ferro dice que el Ministerio de Trabajo (Mintra) debería regular la situación de los estibadores, quienes forman parte de la cadena de negocio.
Para Ferro, este es un ejemplo de cómo la informalidad se convierte en el primer eslabón de la explotación laboral.

“Los costos que una empresa debe asumir para ingresarlos a planilla son hasta 55% más de lo que les paga de modo informal. Muchas veces son regímenes de derechos inalcanzables para los ingresos de las microempresas y pequeñas empresas”, dice el especialista.
En el Perú no se conocen cifras exactas de la explotación derivada de la informalidad, debido a su condición clandestina. “En un país con el 70% de informalidad, la explotación laboral adopta características de anonimato que hacen muy difícil su detección”, dice Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, organización especializada en prevenir la trata de personas.

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en Lima hay apenas 6 inspectores del Mintra que fiscalizan las microempresas y pequeñas empresas de la capital. Días después del incendio en Las Malvinas, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, reconoció que no se hizo una adecuada fiscalización de las condiciones laborales en ese edificio. El mismo descuido podría darse en el mercado de Santa Anita.

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