¿Y quién financia al candidato?, por Raúl Castro

Desplegadas ya intensamente las campañas de los postulantes al sillón municipal –provincial y distritales–, y expuestas en distintas plataformas sus promesas de gobierno, la lógica pregunta que los electores nos hacemos es: ¿y de dónde salen los recursos para tan vistosas empresas?

Saquen la calculadora: paneles gigantes en las principales calles, activistas repartiendo polos, gorros y casacas, comerciales de televisión en programas de alta sintonía, y pachangueros videoclips circulando activamente por Internet. He ahí ‘ítems’ de un presupuesto electoral básico.

Un aspirante que tienta en serio el cargo debe disponer también de una considerable logística. Debe contar con vasto personal ejecutivo, con operadores de campaña especializados y con costosos asesores en márketing y estrategias de comunicación.

Si atendemos a la normativa vigente, la ley electoral establece para las organizaciones políticas la presentación de detalladas rendiciones de cuentas, durante y después del proceso. Asimismo, señala la necesidad de declarar quiénes son los aportantes, con el fin de garantizar que todos los recursos disponibles tengan origen lícito.

Si bien para el caso de Lima muchas organizaciones lo están haciendo, un reciente reportaje de “Cuarto poder” mostró que no todo lo que se expone tiene consistencia.

¿Sabe el lector cuál es el monto con el que trabaja Luis Castañeda? Apenas 167.600 soles, de los cuales afirma haber gastado solo 22.000 en temas menores. No hay detalles de rubros como spots de televisión, por ejemplo, pero su vocero José Luna promete cuentas más finas al final del proceso.

Salvador Heresi reporta poco más de 488.000 soles en aportes, sin señalar costos como los de su ya popular videoclip “Soy Salvador”. Con la alcaldesa Susana Villarán el asunto es más complejo: no ha presentado datos. El vocero Marco Zevallos los ofrece para después del proceso, amparándose en que la normativa solo obliga a rendir cuentas a partidos de alcance nacional.

El medular tema que ha quedado pendiente en todos los casos es el origen de los fondos. Tanto Castañeda como Villarán afirman que provienen de sus respectivas redes de candidatos que postulan a las alcaldías distritales. Es verosímil y aceptable. Pero con el descrédito público que muchos de estos han venido sufriendo, se torna imprescindible no solo señalar nombres, también detallar el origen de sus patrimonios.

Lamentablemente, esto último no es obligatorio. Un proyecto en marcha busca modificar la actual Ley de Partidos Políticos para hacer que esta declaración de bienes y rentas sea imperativa.

Alentamos a que este proyecto se apruebe y se implemente cuanto antes. Los ciudadanos esperamos de los políticos, en plena era de la información y las redes sociales, donde la vigilancia ciudadana es intensa, que no solo sean probos con sus financiamientos, sino, sobre todo, que lo evidencien. Será el mejor legado que pueden dejar en estos tiempos de corrosión institucional y necesaria transparencia.