El futuro de Cantagallo aún es incierto
El futuro de Cantagallo aún es incierto
Pierina Chicoma Castro

La comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, asentada en el Rímac, se siente engañada por la Municipalidad de Lima. En abril del 2015, la teniente alcaldesa Patricia Juárez les prometió reubicarlos para mejorar sus condiciones de vida, pero esto no se ha cumplido hasta ahora.

Ricardo Franco, uno de los dirigentes de la comunidad, asegura que han intentado dialogar con la gestión municipal, pero no han recibido respuesta. Es más, añadió que las familias que llegaron desde Ucayali a Lima entre 1990 y el 2000 ya no quieren ser reubicadas. 

“Queremos el saneamiento físico-legal del lugar. Pedimos al alcalde Luis Castañeda que nos reciba para hablar”, sostiene Franco.

En diálogo con El Comercio, el subgerente de Participación Vecinal de la Municipalidad de Lima, Derlis Guzmán, aseguró que esta colectividad indígena “fue embaucada por la gestión anterior [de Susana Villarán]”. 

“Les prometieron un espacio en Campoy [San Juan de Lurigancho]. Una empresa compró un terreno en esa zona y luego se lo volvió a vender al municipio”, acusó.

Añadió que no se ha podido avanzar con el proceso de reubicación porque los indígenas no han cumplido con entregar la lista de las familias que realmente migraron de la selva.

“¿Cómo se puede utilizar el recurso público para beneficiar a una persona que no acredite ser del Amazonas?”, preguntó.

De las 260 familias que habitan en Cantagallo, solo la mitad sería indígena procedente de Ucayali.

En concreto, la municipalidad aún no tiene un plan para decidir el futuro de Cantagallo. “Nos reuniremos la próxima semana [con los shipibos] para evaluar la situación”, prometió Guzmán.

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