:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Q5LRWYLVYJDL7KQZ3KCGN55PPU.jpg)
Una de las granadas lanzadas al Porsche de Gerald Oropeza –investigado por el presunto delito de narcotráfico– la noche del 1 de abril, no solo explotó junto a él y sus acompañantes en la camioneta: su onda expansiva ha alcanzado, en varios niveles, a la capital.
La granada también estalló en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el puerto del Callao e incluso la política, dejando entrever la ineficiencia y probablemente la corrupción en distintas instituciones del Estado.
En el puerto, la detonación volvió a echar luz sobre la falta de control. Un informe de El Comercio, del sábado pasado, explica cómo la guerra por la droga en el puerto del Callao ha recrudecido en los últimos dos años. Según la Dirandro, una mafia italiana contrata a delincuentes peruanos para que, al trabajar como estibadores en el puerto, burlen controles y envíen droga a Europa. El foco de la guerra es el enfrentamiento entre bandas delincuenciales por ganar la confianza de la mafia. Facilita el trabajo de estas bandas que en el puerto no haya controles de la Policía Antidrogas en el ingreso y salida de los cargamentos y que no haya escáneres para estos.
El estallido también tronó en la policía. Este Diario entrevistó al coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, quien sostiene que los grupos de inteligencia de la policía no le informaron sobre ninguna organización criminal en el puerto, lo cual es necesario para que su despacho comience una investigación.
Aquella no fue la única repercusión para la policía. El domingo por la mañana, resultó que Patrick Zapata, testigo que no fue protegido por la policía por no ser considerado clave en la investigación sobre el ataque, fue asesinado después de dar su testimonio sobre el atentado.
Hubo explosiones compartidas por el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial debido a contradicciones entre sus cifras de criminalidad, la falta de un trabajo conjunto y las pistas de corrupción cuando se supo que dos de los pasajeros de la camioneta habían sido previamente detenidos y denunciados por la policía por posesión ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, pero no investigados por la fiscalía.
La granada también llegó a la Conabi porque resultó que Gerald Oropeza vivía en un inmueble del Estado que fue propiedad de José Enrique Crousillat. Alcanzó al ex gobernador aprista de La Molina, Ángel Vera Niño, quien otorgó posesión de la misma casa tanto a Oropeza y Garry Guanilo (involucrado con Oropeza) con tres meses de diferencia, bajo el mismo número de resolución y a razón de presuntas e iguales amenazas contra sus vidas.
La política recibió lo suyo cuando se evidenció el vínculo de Facundo Chinguel, ex funcionario aprista y procesado por el Caso ‘Narcoindultos’, con Oropeza, así como la militancia de Oropeza y su difunto padre en el Partido Aprista.
La granada nos ha caído a todos. El Caso Oropeza ha evidenciado la profundidad del crimen organizado en nuestro país y no solo lo poco que los ciudadanos sabemos al respecto sino también la miopía, acaso voluntaria, de las autoridades.
