Inversiones del Estado: ¿En qué quedamos?

FRANCISCO MIRÓ QUESADA RADA
Ex director de El Comercio

En diversos medios, especialistas, políticos y ciudadanos piden que el Estado cumpla con sus obligaciones subsidiarias. Es decir, que intervenga en los sectores donde no lo hace el sector  privado, dando servicios de calidad, sobre todo en seguridad, educación, salud y otros rubros necesarios para contribuir con la inclusión social y proteger los derechos ciudadanos.

Resulta ahora que, cuando el Gobierno decide invertir en estos sectores aportando 4.000 millones en educación, 2.500 millones en salud, 8.400 millones en infraestructura y equipamiento de hospitales, así como en diversos programas sociales, se argumenta que el Gobierno está entrando en una peligrosa tendencia populista, que causaría daño a la política económica que viene implementando.

El problema está relacionado con el déficit fiscal. ¿Pero qué debe hacer el Estado cuando el sector privado no invierte en sectores y lugares porque no son rentables? Desde la lógica del inversor privado, toda inversión debe alcanzar a corto o mediano plazo un beneficio. Si este no es posible, jamás invertirá. Entonces, esa inversión la debe hacer el Estado y no quedarse con los brazos cruzados, esperando que funcione la mano invisible del mercado como en los casos antes mencionados. De allí se justifica su rol subsidiario porque son servicios públicos que se basan en la solidaridad y no en la ganancia. En todo caso, si hay alguna ganancia, en buena hora porque ese dinero servirá para hacer nuevas inversiones, pero esto es secundario, lo primero es la función solidaria y de servicio del ente público.

Las inversiones que mencionó el presidente Humala en su mensaje a la nación están dentro de esta lógica.

Coincidimos con Alonso Segura, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando explicó que entre el 2015 y el 2016 habrá “un déficit moderado y dentro de lo que permite la regulación fiscal, sin exceder el 1% del PBI. Ello no aumentará la deuda pública y, en consecuencia, no generará problemas en nuestra economía”. Además, la medida tiene el aval del ministro Luis Miguel Castilla, quien ha manejado la economía pública con mucha profesionalidad. El ministro explicó en un artículo publicado el último domingo en la sección Opinión de este Diario que “el Estado cumple un rol fundamental en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad y la adopción de políticas sociales que apunten a la inserción de los segmentos menos favorecidos al mercado, todo lo cual se enmarca en las políticas que viene desarrollando el Gobierno”.

También, como sostuvo Pedro Pablo Kuczynski, de larga experiencia en el sector público y uno de los artífices de la estabilización fiscal, “aunque el incremento de los sueldos a maestros, policías y médicos es esencial, se debe ir a un ritmo moderado para que no genere problemas”.

Lo que dicen el ministro Castilla, Segura y Kuczynski es solo un tema de estrategia en el uso de los  recursos públicos, pero coinciden en mejorar las condiciones de los servicios públicos antes mencionados, además de otras inversiones estatales. Probablemente, muchos peruanos estarán de acuerdo con ello. Nos parece bien que nuestro dinero, que se va en impuestos, se invierta en esos sectores más allá de otras reformas que deben hacerse en ellos.

Tenemos que equilibrar el poder y el alcance del Estado. Hemos pasado de un Estado maximalista, heredado del velasquismo que siguió la receta cepalista, al Estado mínimo producto de las reformas iniciadas por Fujimori y continuadas a la fecha, que aplicaron el modelo neoliberal conocido como el Consenso de Washington. Antes todo, o casi todo, fue Estado. Ahora nada, o casi nada, es Estado.

Esto ya no parece un tema científico sino ideológico. Pero más allá del debate entre neoliberales y proestatistas, es indudable una reforma del Estado para  que sea autónomo y no esté al servicio de grupos de poder económico que tienden a la acumulación y a la concentración de la riqueza, una concepción mercantilista, una tara que tenemos en el Perú hace muchos años.

En un sistema liberal, económico y político, el rol subsidiario del Estado es necesario precisamente por los desajustes y las desigualdades que se producen en el capitalismo incluso a pesar del indudable crecimiento que tenemos.

La subsidiaridad activa
Sin embargo, el rol subsidiario del Estado no basta, debe involucrarse a otras entidades como ONG por ejemplo y a la sociedad civil. A esta nueva forma de subsidiaridad se le denomina ‘activa’, término introducido por el ingeniero francés Pierre Calame de la École Polytechnique, universidad técnica francesa de fama mundial.

Las políticas subsidiarias, como hemos explicado, se basan en la solidaridad, pero ella no solo le compete al Estado sino a la comunidad, y hay casos ejemplares que cita el autor. Este concepto de solidaridad, que es ético, contribuye con mejorar el nivel económico de las personas. Es muy ajeno al neocapitalismo que impera en el mundo, el que ha generado “centros significativos de poder privado”, como afirma Noam Chomsky, porque la solidaridad no se basa en la relación inversión-ganancia, costo-beneficio, sino en el deseo de ayudar a los demás por el hecho de ser personas.

Todos tenemos que combatir la pobreza. Desde el sector público, el privado y la sociedad civil. Las personas no valen por lo que producen, como sucede en el capitalismo, sino por el hecho de serlo. Por eso tienen derecho a una buena educación, salud y seguridad, buenas carreteras, agua, desagüe, alcantarillado, nutrición de calidad y otros servicios fundamentales para su desarrollo pleno.

Lo que plantea Calame es una doble subsidiaridad para responder a los desajustes del modelo capitalista mundializado, que, como ha quedado también demostrado en todo el mundo, está generando desigualdad.  Dice el autor que el principio de subsidiaridad supone la existencia del bien común, un concepto que viene desde Aristóteles, quien afirma en su obra “Política”: “La meta del Estado es el bien común”, el bienestar de todos y no de algunos.  Entonces se debe, dentro de lo razonable, invertir para acortar las diferencias socio-económicas.

Subsidiaridad y democracia
La subsidiaridad, que es un aspecto del liberalismo social y humanista olvidado por los exégetas del mercado, guarda íntima relación con la democracia, porque ella peligra cuando se aplican medidas económicas liberales impuestas como pensamiento único y sin ningún propósito de enmienda y entra en peligro porque se excluye a la gran mayoría de ciudadanos para decidir si les conviene o no esas políticas de ajuste. “Lo que los economistas del libre mercado no nos están diciendo es que las políticas de las que quieren deshacerse no son otras que la democracia misma. Cuando ellos dicen que necesitamos aislar las políticas económicas de la política están en la práctica defendiendo la castración de la democracia”, dice con razón Ha-Joon Chang, economista de Cambridge e investigador del Center for Economic and Policy Research.

Teniendo en cuenta este criterio de subsidiaridad y democracia basado en la solidaridad, que no es lo mismo que paternalismo o estatismo, por fin el Gobierno ha hecho lo que debió hacer desde un principio: invertir bien en educación, salud, seguridad, en los pensionistas y en la reducción de la pobreza. Pero debe estar alerta ante el peor enemigo de todas las cosas buenas y necesarias en pro del ser humano: la corrupción.