Vicente Díaz Arce es investigado por la fiscalía de lavado de activos como presunto miembro de la Red Orellana y por liderar, de acuerdo a la fiscalía, una propia organización criminal independiente
Vicente Díaz Arce es investigado por la fiscalía de lavado de activos como presunto miembro de la Red Orellana y por liderar, de acuerdo a la fiscalía, una propia organización criminal independiente
/ DIFUSION
Redacción EC

El pastor evangélico Vicente Díaz Arce pide que el juez Richard Concepción Carhuancho le pague una indemnización de S/25 millones por daños “emocionales, honor y proyecto de vida" a raíz de que el magistrado ordenó su prisión preventiva en octubre del 2017 y que luego fue revocada, según un acta de conciliación a la que accedió El Comercio.

Díaz Arce, investigado como presunto integrante de la Red Orellana, remarca que la decisión del juez fue dejada sin efecto por la Corte Suprema en abril de este año por una “inadecuada e ineficiente motivación”. El pastor dice que el actuar de Concepción Carhuancho “ha generado daños contra mi persona por un valor que estimo correcto de S/ 25 millones”.

La fiscalía de lavado de activos considera que el pastor comanda una presunta organización criminal independiente a la Red Orellana junto a su esposa Elizabeth Palomino. El nexo, según la fiscalía, es que Orellana le abastecía de inmuebles a bajo precio adquiridos de manera ilícita, luego el pastor los alquilaba a terceros. Todo ello entre los años 2004 y 2017.

Díaz Arce hace el siguiente cálculo de los daños que según él recibió: S/ 5 millones son por daños emocionales eventuales, otros cinco millones de soles por daños permanentes, S/10 millones por daños a su honor de manera objetiva y subjetiva. Finalmente, unos cinco millones de soles por daños a su proyecto de vida.

En octubre del 2017, Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva de Díaz Arce y su esposa, a solicitud de la fiscal Marita Barreto, al considerar que existían elementos de convicción que los vinculaban con los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en organización criminal. Además, que había una alta probabilidad de fuga y de obstaculizar la investigación.

A fines de ese mes, el pastor evangélico fue detenido en su domicilio en Surco. Él se encontraba escondido en el cuarto de motor de la piscina del inmueble. Ahí fue encontrado por los agentes policiales que fueron a cumplir la orden de arresto.

En noviembre del 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva ordenada por Concepción Carhuancho y lo varió por comparecencia restringida simple. Sin embargo, en marzo de este año, la fiscalía solicitó que se cambie esta condición por arresto domiciliario. El pedido fue acogido por el juez Concepción Carhuancho pero al mes siguiente, en abril, la Sala anuló el mandato judicial tomando como base una casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

De acuerdo al acta de conciliación, el juez Concepción Carhuancho estuvo presente junto a un representante de la procuraduría pública. La cita fue este martes 24 de septiembre. Como no se llegó a un acuerdo con Díaz Arce, se dio por terminada la audiencia y el procedimiento conciliatorio, dejando el camino libre para que el pastor presente una demanda civil y penal.

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