Prisión preventiva para familia acusada de poseer pornografía infantil

Un número de teléfono reportado por Interpol España como parte de un grupo de WhatssApp dedicado a la pornografía infantil permitió la captura de tres miembros de una familia acusados de este delito.

Marybel Rosario Álvarez Álvarez (49), su hermano, José Antonio Correa Álvarez (43) y su hijo, Gustavo Andrés Ibarra Álvarez (18) fueron detenidos el último miércoles en su vivienda, en San Juan de Miraflores. Esta mañana, se ordenó 7 meses de prisión preventiva en su contra.

La Fiscalía y la División Policial de Investigación de Alta Tecnología ubicaron la dirección tras detectar que el celular a nombre de Marybel Alvarez figuraba como una de las líneas telefónicas que la Interpol de España reportó como miembro de un grupo whatsapp denominado “Breiker”. De acuerdo a la fiscalía, usuarios de varios países utilizaban este grupo para compartir material pornográfico infantil.

Durante la intervención se halló una computadora en la que se encontraron varias imágenes pornográficas de menores de edad. Este material ilegal fue detectado al abrir aleatoriamente los archivos de una carpeta denominada “Casa”, la cual tiene aproximadamente 3 mil fotos y videos.

Por esta razón se incautó el equipo de cómputo y un disco duro de 500 gigabytes a fin de que su contenido sea revisado de manera exhaustiva.

Uno de los detenidos, Gustavo Ibarra Álvarez, reconoció participado en el grupo de WhatsApp desde el 2016 y que descargó y archivó el material delictivo en la computadora que los otros dos denunciados aceptaron usar de manera compartida.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Miraflores, a cargo de la Dra. Elizabeth Parco Mesía, había pedido 9 meses de prisión preventiva. No obstante, el Juzgado de Turno Penal Permanente ubicado en el Módulo de Justicia de San Juan de Miraflores ordenó siete.

Cabe indicar que el Código Penal (art. 183-A), sanciona con entre 6 y 10 años de prisión el delito de posesión de pornografía infantil. Si dicho material se difunde a través de las tecnologías de la información es considerado un agravante y la pena aumenta a entre 10 y 12 años de pena privativa de la libertad.

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