“Nuestra sociedad es patriarcal y tiene una cultura machista”

Luego de los cuestionados fallos en casos de violencia contra la mujer, el Poder Judicial creó la Comisión de Justicia de Género. La jueza suprema Elvia Barrios Alvarado fue nombrada presidenta de ese grupo.

Elvia Barrios acepta que algunas sentencias en casos de violencia contra la mujer son cuestionables. Afirma que desde la Comisión de Justicia de Género trabajarán por la aplicación de condenas justas y porque las mujeres no sientan más maltrato durante los procesos judiciales.

—¿En qué consiste el trabajo de la Comisión de Justicia de Género?
Es una comisión que tiene como función principal generar una perspectiva de género en los servidores judiciales. Se trata de reforzar la capacidad de los jueces, imitar sus buenas prácticas y trasmitir el conocimiento de los instrumentos internacionales.

—¿Qué hace distinta a la justicia de género de la justicia como tal?
La justicia de género es sinónimo de igualdad en la aplicación de la ley. Nuestra sociedad es patriarcal y tiene una cultura machista, en esa perspectiva se marcan ciertos estereotipos, tanto para hombres como para mujeres. Lo que tenemos que hacer es erradicarlos porque esos estereotipos hacen que haya desigualdades. Cuando decimos justicia de género, estamos diciendo derecho a la igualdad ante la ley.

—En esa perspectiva, ¿es necesario el enfoque de género en nuestro país?
Somos conscientes de que hay diferencias estructurales en la sociedad y que quien asume esas diferencias en desventaja es la mujer. Entonces, en esa línea tenemos que trabajar, pero se trata de un tema social y es estructural, no solo un tema del sistema de justicia. Aquí tenemos que intervenir absolutamente todos los entes.

—¿A la fecha existen en el Perú sentencias con perspectiva de género?
Siempre han existido. Quizá algunas personas consideren que algunas decisiones no son acertadas o adecuadas, pero para eso existe el recurso de impugnación. Muestra de ello son los acuerdos plenarios del 2005, sobre cómo valorar la declaración de la víctima, y el del 2011, sobre valorización de pruebas en el delito de violencia sexual, ahí se establece que la declaración de la víctima debe ser tomada como una prueba fundamental y piramidal. Indudablemente hay falencias, pero estamos para corregirlas.

—¿Los acuerdos plenarios a los que hace referencia han generado un cambio en la aplicación de sentencias para casos de violencia de género? ¿Son determinantes?
Todos los acuerdos han tenido cambios positivos. Además de lo que he mencionado, está el acuerdo por el tema retractación en casos de violencia sexual, el 60% de las víctimas cuyo agresor es un familiar se retracta, por eso nosotros hemos establecido estándares para valorar este recurso. Los acuerdos son precedentes vinculantes que orientan la actuación del juez y son de cumplimiento obligatorio. La posibilidad de apartarse existe, pero tienen que tener una motivación suficiente y reforzada.

—La marcha Ni Una Menos, realizada hace un mes, nació de la indignación por las sentencias leves a los agresores de Lady Guillén y Cindy Contreras. ¿Considera que esas condenas fueron justas?
Esas sentencias son de primer nivel, sé que ambas están impugnadas y serán vistas por un tribunal o Corte Suprema. No puedo adelantar opinión porque la probabilidad de que yo las conozca es altísima.

—De forma general, ¿cree que el Poder Judicial está dando un mensaje de justicia en este tipo de casos?
La estadística demuestra que hay un elevado número de condenas por delitos de violencia sexual y que las medidas de protección que otorga el Poder Judicial son inmediatas. No creo que estemos en una línea de ir contra la ley, indudablemente hay algunas decisiones que pueden ser cuestionables o cuestionadas, pero para eso las víctimas tienen el recurso de apelación.

—Los casos de agresión a mujeres, violaciones y asesinatos no paran y la población exige penas máximas, como en el caso de la violación grupal en Ayacucho. ¿Considera que es necesario agravar las condenas con respecto a estos delitos?
El caso de Ayacucho me causa mucha preocupación porque ocurrió en una ciudad que en los años 80 fue base del terrorismo y donde hoy tenemos hombres y mujeres hijos de la violencia. Lo ocurrido recientemente nos demuestra que tenemos una sociedad violenta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Actualmente tenemos un marco normativo, hemos avanzado mucho, pero lo que se requiere es una correcta aplicación de las leyes. Siempre que se habla de incrementar las penas hay que recordar que tenemos cárceles llenas y donde el 50% de presos no tienen una condena.

—¿Es difícil probar el feminicidio o la tentativa de este delito?
La condición fundamental para evaluar este delito es conocer las circunstancias que rodean al acto. Si la pareja dispara un arma y causa un rasguño a la mujer, no podemos hablar de lesiones, eso es un intento de feminicidio.

—¿Cuál es el compromiso de la Comisión de Justicia de Género?
Son muchos, pero el fundamental es recuperar la credibilidad que tiene que tener la ciudadanía en sus jueces; lo segundo es que tenemos que responder a las expectativas sociales y tenemos que aplicar una justicia oportuna y ajustada a la verdad.

PERFIL
La valiente fiscal del Caso Accomarca
En 1985, Elvia Barrios fue nombrada fiscal mixta de Ayacucho. Por ese entonces tenía apenas 26 años pero se enfrentó con valentía a los peligros que implicaba ser autoridad en la época del terrorismo.

Tras la masacre en Accomarca, perpetrada por militares el 14 de agosto de 1985, ella se dirigió a la zona y junto al juez desenterró durante dos días los cuerpos de los campesinos. Con las pruebas que demostraban el delito de lesa humanidad en el Caso Accomarca, Elvia Barrios denunció al subteniente Telmo Hurtado.

Ella también dirigió la investigación por el Caso Pucayacu, y formalizó acusación contra el comandante Álvaro Artaza. Luego, fue vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y presidió la Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres de Lima.

Cuando se desempeñaba como jueza suprema provisional, en el 2011, formó parte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que confirmó la condena de 7 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por los pagos a medios de comunicación, a congresistas tránsfugas e interceptación telefónica.

Casi medio año después fue nombrada jueza suprema y desde ese momento es una de las tres mujeres que integran la Corte Suprema.

Elvia Barrios también presidió la Red Latinoamericana de Jueces y en la actualidad es la presidenta de la Asociación de Juezas del Perú.

NI UNA MENOS
Los compromisos que generó la movilización
16 de agosto: Los ministerios de la Mujer y de Justicia, el Poder Judicial, la defensoría y otras instituciones anunciaron su compromiso de articular acciones para brindar una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia.

18 de agosto: El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció en el Congreso varias medidas. Entre ellas, la instalación de comisiones para la promoción de la igualdad de género en las políticas públicas del Poder Ejecutivo.

26 de agosto: El ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que todo el cuerpo policial será sensibilizado y capacitado para atender los casos de violencia de género.Miles marcharon el 13 de agosto.